Visto para sentencia

Durante el franquismo, al igual que ahora en el Juicio del Procés, los consejos de guerra fueron el punto de mira de los gobiernos de la Europa democrática. Franco nombró militares para ejercer las funciones de juez y de verdugo. Se sirvió del ejército para juzgar y condenar a quienes no seguían a raja tabla sus ideas porque no se fiaba de los magistrados profesionales. Llevó al paredón a miles de condenados por delitos de opinión, propaganda o, simplemente, por militar en organizaciones proscritas por el Régimen. Era una época -no como la actual- en la que ‘sí había presos políticos’ y abogados contrarios al régimen. Aquellas farsas castrenses que se sucedían casi a diario eran la comidilla de las portadas internacionales. Para lavarles la cara, el tardo franquismo creó el TOP, un arma contundente de expiración y castigo de carácter civil. 

Franco quiso dar una apariencia de legalidad a la vida política y jurídica española. Reemplazó a los jueces militares que dictaban las sentencias por funcionarios de carrera ‘civiles’ aunque, eso sí, corruptos y próximos al fascismo. Para celebrar los juicios se sirvió de los estrados de las Salesas en lugar de las salas de banderas de los cuarteles. Puso fiscales donde estaban los militares de la plana mayor del ejército, legos en derecho, que hasta entonces llevaban a término las denuncias. El dictador quiso darle a este nuevo organismo una apariencia de legalidad y de justicia formal. Lo mismo que Manuel Marchena pretende hacer ahora en su Sala 2ª del TS de cara a las altas instancias europeas. 

En aquel entonces se formó un colectivo de abogados de diversas ideologías políticas, a veces encontradas, que crearon una nueva estructura para combatir la represión del TOP con actitudes y comportamientos beligerantes. Su actuación procesal tenía un talante muy distinto al que mantenían los picapleitos en los tribunales ordinarios. Pusieron en práctica los juicios llamados ‘de ruptura’ en sustitución de los considerados ‘de concordia o connivencia’. Se enfrentaban con valentía al tribunal jugándose su propia libertad porque sabían que la sentencia ya estaba escrita y porque les constaba que los magistrados del TOP no daban valor alguno a las pruebas practicadas en el acto de la vista. Se les imponía multas, expulsiones, procesamientos, sanciones administrativas y eran controlados escrupulosamente por la policía. Les citaré algunos de sus integrantes: Juan María Bandrés, Enrique Múgica, Josep Soler Barberà, Manuela Carmena, Agustín de Semir, Marc Palmés, August Gil Matamala, Cristina Almeida y un largo etcétera. Era el suyo, un trabajo duro, absolutamente vocacional y sin ningún tipo de compensación que iba en paralelo con el movimiento democrático anti-franquista cuyo fin último era recuperar la dignidad social, la libertad popular e imponer la democracia. 

La historia se repite. Un nuevo TOP ha aparecido en el marco de la justicia española. Vivimos, según palabras de Albert Om, en la era de la ‘juristocracia’ en la que un grupo privilegiado de juristas nombrados en su día por Mariano Rajoy desempeñan el poder del ejecutivo con delirio persecutorio, convencimiento y determinación. Los  Llarena, Marchena, Zaragoza, Lamela, Moreno, Cadena y Madrigal de turno forman el brazo armado del Gobierno de un Estado que se siente ofendido y clama venganza contra Cataluña. Pero parodiando el informe de conclusiones de uno de los fiscales, cómo ‘en España no existen presos, ni causas políticas,’ tampoco deben quedar abogados que practiquen ‘juicios de ruptura’. 

Togas de oro, expertos en impuestos, paladines de la Casa Real, abogados de políticos corruptos y algunos tinterillos cercanos a la derecha independentista y a la CUP formaron el variopinto equipo que defendió a los patriotas procesados. Su actuación procesal dentro de los parámetros de un ‘juicio de connivencia’ fue admirable y convincente. Se mostraron sumisos, obedientes, respetuosos y nada beligerantes con el tribunal. Sus tímidas y pusilánimes protestas ante las injustas decisiones de Marchena lo ponen de manifiesto. Un proceder a millones de años luz de los ‘juicios de ruptura’ de antaño que ha favorecido las peticiones de cárcel del Ministerio Fiscal y el interés del tribunal en decapitar la cúpula del independentismo. 

Esta manifiesta complicidad del colectivo de defensores con el tribunal –o cuanto menos su falta de beligerancia frente a Marchena- hizo creer al pueblo lo que no era, que se trataba de un juicio lícito e imparcial. Con la complicidad de Pilar Rahola, Joan Queralt, Xavier Graset, Helena Garcia Melero y otros corifeos de la comunicación confundieron a la audiencia. Les hicieron creer imprudentemente que, el Tribunal, tras la prueba practicada en el juicio podía decretar la absolución.