UNA RAZÓN DE ESTADO

Durante la dictadura del general Franco, España sirvió de cobijo a curas, militares, falangistas, requetés, ‘grises’ y demás esbirros del sátrapa que deambulaban por sus sórdidas y miserables calles huyendo del hambre y la miseria. De todos ellos, los presbíteros eran los más afortunados por ser patricios destacados de una Nación cuyo caudillo desfilaba bajo palio. El Concordato de 1953  con la Santa Sede instituyó como norma de fe que “la religión católica era la única confesión verdadera, obligatoria y pública establecida por el Estado”. Cuando el 20 de noviembre de 1975, el Caudillo pasó a mejor vida surgieron voces antagónicas. Unos se desayunaron con vino de misa y unas hostias de pan de ángel para levantar su espíritu mientras que las víctimas de su sangrienta tiranía, lo hicieron con bocatas de chorizo y champaña catalán. 

A partir de la muerte del opresor el pueblo español anduvo a la deriva, temeroso de Dios. Sus víctimas veían como las fuerzas fascistas desmantelaban las pocas migajas de liberalismo que les quedaban pero, por prudencia, no tomaban partido. Preferían mantener una actitud de conformismo con el sistema que optar por llevar a cabo actuaciones de libertad y democracia. Por el contrario, sus partidarios reivindicaban día a día los cuarenta años de imperialismo. Lo hacían ataviados con los uniformes de Falange, cantando himnos brazo en alto, e imponiendo a viva fuerza su autoridad. El miedo cundía entre la población. 

El rey Juan Carlos, su sucesor, se declaró franquista a perpetuidad. Juró cumplir y hacer cumplir la Leyes Fundamentales del Movimiento. Por fortuna no fue así. Influenciado por su padre, Juan de Borbón, juró la constitución. Se convirtió para los franquistas en el Rey traidor. Nombró a ‘siete padres de la Patria’ de su confianza como Pérez Llorca, Cisneros, Fraga Iribarne o Roca Junyent, conversos de sotana y sacristía, para que redactaran la Carta Magna siguiendo sus consignas. Se promulgó en 1978 pero en su artículo 16 se dispuso tal vez por error que España “es un ‘estado aconfesional por lo que ninguna religión tendrá carácter estatal”.                                                                                                                                                                  

Sin embargo a partir de la Transición el estado confesional franquista subsistió amparado por la Conferencia Episcopal, una institución dirigida por los obispos más retrógrados y cavernícolas del Estado español. Los clérigos pasaron de ser esclavos del dictador a perpetuarse dueños absolutos de la democracia. Dejaron de ser puros servidores del sátrapa para transformarse en los prelados más ricos y  poderosos de la Nación. La pederastia y su encubrimiento mantenidas por la jerarquía católica desde los pontificados de Juan XXIII a Benedicto XVI, llegó a niveles desmesurados. Hasta el año 1999 los abusos sexuales cometidos por el clero a adolescentes de ambos sexos fueron 307.367. Por fortuna para los católicos siempre existió un sector de la Iglesia, próspero, progresista y liberal contrario a estas perversiones consentidas por la Conferencia Episcopal, que realiza una difícil misión de apostolado entre sus fieles predicándoles la fe.

Pero este no es el objeto de este artículo. Mi propósito es el de dar a conocer a mis lectores el gigantesco expolio de monumentos, catedrales, palacios, templos e incluso ayuntamientos llevado a cabo por la Conferencia Episcopal. La Iglesia católica ha gozado de este beneficio desde 1946. Casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos y, desde la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, iglesias, catedrales y ermitas han sido “in-matriculadas” a nombre de sus respectivas diócesis. Se calcula que unas 5.000 propiedades públicas son ahora propiedad de la Iglesia al haber sido privatizadas a su favor por el irrisorio precio de 30 euros la unidad. Aznar para rizar el rizo de la vergüenza nombró notarios a los obispos para agilizar el trámite de las delictuosas y punibles adquisiciones, una inmundicia mas que contradice el espíritu aconfesional de la Constitución Española. 

Cuando se promulgó la ley de leyes se puso de manifiesto la existencia de un consenso social que reivindicaba poner fin a los privilegios de la Iglesia católica. La sociedad y la ley exigían que el Estado no favoreciera a ninguna confesión. No obstante desde 1978 ningún Gobierno fue capaz de aplicar la laicidad exigida por el pueblo a la cosa pública motivo por el que, el poder de la Iglesia se ha convertido en una razón de Estado. Un argumento de vital importancia que no aparece en las veinte propuestas del programa de Pedro Sánchez para un pacto de Gobierno que va propagando con prodigalidad. Y esto sí que es verdaderamente preocupante.