UN NUEVO FALLO DE LLARENA PROMUEVE LA NULIDAD RADICAL DEL ‘PROCÉS’.

A excepción de ‘Diario 16’ que se llama a si mismo ‘el diario digital de la segunda transición’, los medios informativos callan. Tienen miedo. No se atreven a decir que el juez Llarena ha vuelto a meter la pata. “La confirmación del Auto de conclusión del sumario –cito textualmente al juez Presencia, autor del artículo- no lo resolvió la Sala de recursos sino la Sala de Admisión la misma que acordó el inicio de la instrucción porque al juez Llarena se le olvidó dictar el Auto de iniciación del sumario”. Esta cuestión que para muchos puede parecer banal o un tanto baladí, no lo es en absoluto: presupone la ‘nulidad absoluta’ del Procés. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró en dos de sus sentencias -la relativa al caso ‘Piersack’ de 1982 y la del ‘caso ‘De Cubber’, en 1984- que todo juez debe abstenerse de cometer una falta de imparcialidad, instruyendo y juzgando a la vez, pues si así lo hiciere se perdería la confianza que los Tribunales han de inspirar a los justiciables en una sociedad democrática. Por esta razón tan simple el juez instructor –en nuestro caso Llarena- no puede sentenciar, ni fallar, ni tan siquiera formar parte del tribunal juzgador ya que, de hacerlo así, provocaría en los justiciables alerta, espanto y desconfianza.

El Tribunal Constitucional español en su sentencia de 12 de julio de 1988 adoptó esta doctrina para preservar la llamada imparcialidad «objetiva». ‘No se trata, ciertamente, de poner en duda la rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción –mantiene esta resolución- sino el prejuicio que supone haber llevado a cabo una investigación objetiva de la verdad’. El Instructor ha de indagar, consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables del hecho presuntamente delictivo (art. 2 de la L.E.Cr.) por lo que está en permanente contacto con el acusado y con los datos que deben servir para averiguar los posibles responsables del delito. Un proceso, muchas veces arduo y prolongado en el tiempo, que normalmente provoca en el ánimo del magistrado prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influirían a la hora de sentenciar.

En un sistema procesal como el nuestro en que la fase decisiva es el juicio oral y al que la instrucción sirve de preparación, debe evitarse que el proceso pierda virtualidad o se empañe su imagen externa. Algo que, sin duda, sucedería si el Instructor juzgase imbuido de las impresiones y prejuicios nacidos en el sumario.

Se que para los que no sois expertos en derecho es un tema complicado. Por ello os pido disculpas. Pero como han sido muchos los internautas que han leído el artículo de ‘Diario 16’ y que me han pedido por WhatsApp o Facebook un análisis o aclaración llana y no jurídica de su contenido, así lo hago en este artículo. La solución es bastante simple. El Instructor, y al tratarse del TS la Sala de Admisión, no puede actuar en el plenario, es decir, cuando la causa pasa al conocimiento del Tribunal sentenciador. Y ello es así porque su presencia supondría una infracción del derecho al Juez natural consagrado por la ley. Una situación atípica que vulnera el artículo 24.2 de la Constitución y que puede concretarse con esta frase: el Instructor en ningún caso puede formar parte de la Sala juzgadora.

Eso es precisamente lo que denuncia ‘Diario 16’. Al juez Llarena se le olvidó dictar el Auto de iniciación del sumario y lo hizo en su nombre la Sala de Admisión del TS, un órgano manifiestamente incompetente para efectuarlo. Este nuevo disparate judicial de Llarena autoriza a los abogados de los patriotas encausados a plantear en la primera sesión del juicio oral, como cuestión previa, la nulidad de actuaciones una institución establecida en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina que serán nulos de pleno derecho los actos procesales realizados por un órgano que carezca de jurisdicción o competencia. Es el paso previo para poder interponer recurso de amparo por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 241 de la LOPJ siempre que los defensores de la causa hubiesen protestado en forma antes de cumplirse el plazo de veinte días desde que hubieran tenido conocimiento de la irregularidad.

En un estado de derecho, esta nulidad de actuaciones comportaría el archivo de la causa penal conocida como el Procés y la libertad inmediata de todos los acusados. Pero España no es un país democrático y el sumario ya concluso de Llarena no es más que un acto de venganza del Estado contra Cataluña por pretender ejercer su derecho a la autodeterminación. En el bien entendido que ni el propio Llarena, ni los miembros de la Sala II del Tribunal  Supremo ni la mayoría de los políticos reaccionarios que votaron si a la aplicación del 155, poseen el sentimiento de pena por la pérdida de la dignidad que ilustra el concepto de vergüenza, propia y extraña puedo afirmar, sencillamente  que todos ellos carecen de ella