LAS QUEJAS DEL MINISTRO

El Ministro del Interior del Gobierno socialista de Pedro Sánchez puso el grito en el cielo al conocer la noticia: el Ayuntamiento de Barcelona había colocado una placa en memoria de los miles y miles de personas que fueron torturadas en la Jefatura Superior de Policía durante los interrogatorios. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, consideró que Ada Colau además de entrometida era indiscreta, falsa e inoportuna. Negó estos lúgubres episodios que torturados y sus verdugos revelaron desde la clandestinidad y que ahora eran testimonios de dominio público. En las celdas de Via Laietana, los miembros de la Brigada político-social franquista practicaban entre otros tormentos la gota serena, la bañera, la empulguera, el torno y la picana. Los probos funcionarios que exigieron al Ministro que la placa fuese retirada son miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), los mismos que ahora mienten y calumnian en el juicio al Procés. Quemaron el tablero porque su contenido ‘representaba una estigmación al colectivo de policías nacionales».

Grande-Marlaska no pudo contener sus impulsos. Los policías tenían razón, concluyó. Remitió una carta de queja a la alcaldesa proclamando, entre  otras lindezas, el peligro que suponía confundir instituciones democráticas del Estado con un régimen político del pasado. Añadió que desde 1978 la Jefatura de Via Laietana era un lugar de trabajo modélico en el que muchos hombres y mujeres valerosos defienden la Constitución. Este singular ministro, reconvertido al PSOE de Sánchez, recibió respuesta a sus reaccionarias quejas. Debió fulminar con la mirada a la maldita hemeroteca con el mismo odio que los rebeldes o sediciosos catalanes dirigieron a la Guardia civil. A partir de su nombramiento como juez en la Audiencia Nacional surgieron cientos de despropósitos y desatinos:

Mandó detener a los empresarios Azpiroz y Saralegui  por pagar el impuesto revolucionario a ETA, prohibió manifestaciones en Euskadi en contra el criterio del Fiscal general del Estado, citó a declarar a Arnaldo Otegi y a otros líderes de la izquierda abertzale, por convocar una rueda de prensa en pleno proceso de paz, desautorizó el congreso de Batasuna, arrestó a Gorka Agirre, dirigente del PNV, como presunto miembro de la trama de extorsión de ETA y prohibió una conferencia del ya citado Otegi en el  Foro Tribuna Barcelona. Pero su mayor muestra de liberalidad y democracia fue la incoación de un sumario por un delito de injurias al príncipe heredero contra los humoristas de ‘El jueves’ Manel Fontdevila y Guillermo Torres. A pesar de todo ello, los altos mandatarios de la Justicia de España consideraron que tenía méritos más que suficientes para ocupar un cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial.

Al Ministro del Interior socialista, a quien muchos ciudadanos consideran un político demócrata, equitativo y liberal, se le ha quitado la máscara. Grande-Marlaska se ha mostrado como lo que es. Un glorioso y destacado miembro del bando franquista que no ha dudado en defender a los torturadores de Via Laietana frente a sus víctimas. Su lapidaria frase, ya no existen las cloacas del Estado, así lo acredita.