LAS MEDALLAS DE LA JUEZ LAMELA

Gusta de coleccionar medallas. Sus preferidas son la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Medalla al Mérito Policial que le impuso el ministro Zoido del PP. Ambas fueron el fruto de los reconocimientos patrios por defender la seguridad nacional y al tesón que pone para encarcelar golpistas, facinerosos, revienta-pisos y sacamantecas. El valor de cada condecoración depende de los años de cautiverio, soledad y tortura que Lamela imponga en sus resoluciones. A veces se equivoca como en el caso de Rosell, Pineda, Besolí,  Ramos, Colomer y Ohannessian absueltos por la Audiencia Nacional de los delitos de blanqueo de capitales tras cumplir 22 meses de prisión –preventiva por supuesto- que les puso en mayo de 2917.

Lamela, que es cristiana vieja por la gracia de Dios, ignora que el cautiverio – según Cervantes –  es el mayor de los males que pueden padecer los hombres”. La falta de libertad, la más sombría de las parcelas del aparato judicial, anula la voluntad de la persona, la degrada y veja de tal forma que la convierte en una ruina física y moral. El poeta Miguel Hernández, otro cautivo de esposas, cadena y capuchón, escribió: “las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, buscan a su hombre, lo persiguen, lo absorben y se lo tragan”.

Carmen Lamela estudió derecho y humanidades en la Universidad Pontificia de Comillas, una corporación de la Iglesia dirigida por la Compañía de Jesús. Allí debió adquirir sensatez y sentido crítico para transformar la sociedad, fundamentos necesarios para aplicar la ley y administrar la justicia, pero se esmeró tanto en su trabajo que se volvió carcelaria. El 3 de noviembre de 2017, la ‘Asociación Jueces para la Democracia’  recogió firmas para pedir su inhabilitación ante el Consejo General del Poder Judicial. «La prisión – argumentaron – es un último recurso que ha de ser utilizado con prudencia y moderación pero la jueza Lamela la usa como pena de privación de libertad. La aplica a destajo.” ‘Jueces para la democracia recogió más de 160.000 firmas de juristas en 48 horas.

Otra de las más conocidas hazañas carcelarias de Lamela fue el caso conocido como La insurgencia. La juez convirtió una vulgar pelea tabernaria en una agresión terrorista. Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2016, en un bar de Alsasua, en que se produjo un altercado sin mayores consecuencias entre dos guardias civiles y sus parejas y nueve jóvenes de 20 años de edad que fueron ingresados en prisión sin fianza. Se enfrentan a penas de entre 12 y 60 años de cárcel. 

Las cárceles han de ser abolidas. El legislador del futuro deberá optar por nuevas opciones sociales para redimir las culpas de los reos. Las consecuencias del cautiverio son infinitas: muertes por sobredosis, sida, suicidios, depresiones irreversibles… La fiscalía tiene que investigar las causas que las motivan; los jueces de vigilancia han de conceder la libertad a los enfermos marginales y los funcionarios de prisiones han de abstenerse de practicar la vejación y la tortura para imponer su autoridad. Solo así los presidios serán menos crueles y degradantes aunque, por desdicha, continuaran siendo mazmorras de soledad.