LAS ARGUCIAS DE MARCHENA

A los miles de espectadores que siguen por Canal 3/24 el juicio del Procés les debe causar la impresión de estar rememorando una recepción palaciega de Felipe V, celebrada con solemnidad, pompa y esplendor, más que una causa penal del siglo XXI. ‘Con la venia del excelentísimo señor Presidente’, ‘su excelencia tiene la palabra’, ’conteste al excelentísimo fiscal’ son algunas de las farisaicas expresiones que con frecuencia, y con un énfasis desmedido y redundante, se repiten en la sala de vistas del Tribunal Supremo. Los observadores europeos se deben quedar atónitos al contemplar este insólito y fantasmagórico espectáculo de comedia de figurón, ya que en sus territorios, las partes se dirigen al tribunal para pedir la venia usando‘Sir’ en el Reino Unido, o ‘Monsieur’ en los países francófilos. Es decir, con solo un simple ‘Señor’ basta.

El presidente del Tribunal, Manuel Marchena -ceremonioso y doctoral, lapidario y sentencioso- odia mortalmente a los independentistas. Rebosa por sus poros la esencia del PP. Imputó en el caso de los ERE de Andalucía a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Expulsó de la carrera judicial a Baltasar Garzón por las escuchas de la Gürtel. Encarceló a Iñaki Urdangarin y a Rodrigo Rato rechazando los recursos contra sus condenas. Participó activamente en las causas abiertas contra los líderes soberanistas de Cataluña. Condenó a 13 meses de cárcel a Francesc Homs. Admitió la querella por rebelión contra los miembros de la Mesa del Parlament e hizo suya la causa que Carmen Lamela instruyó contra Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno. Con estos antecedentes resulta inimaginable creer en su rectitud e imparcialidad.

Como Marchena intuye que su actuación procesal está siendo analizada por los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inexorablemente pondrán fin al Procés, prioriza el cuidado de las formas y aparenta ser neutral. Pero lo cierto es que por temor a las represalias nadie lo ha denunciado aún por infringir y quebrantar el ordenamiento jurídico. La ley de enjuiciamiento criminal, de obligado cumplimiento para los jueces, conmina al Presidente a dirigir los debates sin coartar la libertad de los abogados defensores, cosa que no hace, a fin de que éstos puedan ejercer con independencia su derecho de defensa.

La última cuestión tantas veces controvertida sobre la exhibición de los videos a los testigos, está resuelta por la citada ley procesal de forma clara y contundente: ’Cuando las partes soliciten –proclama- que los testigos reconozcan los instrumentos, efectos del delito o cualquiera otra pieza de convicción, si hubiere contradicción, el juez requerirá al testigo para que explique las diferencias que se observen’. Marchena conoce la Ley a la perfección, por lo que no ignora que al actuar así, puede estar cometiendo un delito de prevaricación. Según el Código penal estas infracciones las realiza el juez que dicta, ‘a sabiendas resoluciones manifiestamente injustas que se apartan claramente de lo que la ley dispone’. Exactamente lo que hace él.