LA GUERRA DE LAS BANDERAS

Un chiste, para algunos inaceptable, que escenificó el cómico Dani Mateo en ’El Intermedio’ del Gran Wyoming, avivó la vieja guerra de las banderas que castigó en el pasado siglo a los que las quemaban con largas penas de prisión. El porqué: un ‘sketch’ en que el presentador simulaba sonarse la nariz con la bandera de España mientras anunciaba el fármaco Paracetamol y a su patrocinador, la Clínica Baviera. La entidad farmacéutica se mostró claramente a favor de la Constitución defendiendo el respeto a los símbolos y, en conclusión, retiró los acuerdos publicitarios celebrados con el artista televisivo al no poder compartir sus expresiones. La reacción mediática fue inmediata. Frank Cuesta, locutor de la ‘Cuatro’, le dirigió a Mateo un ‘chat’ instándole a reflexionar. “Si bien ejerces tu libertad de expresión, lo cual no es delito, no olvides en cómo se sentiría un militar en el medio de África cuando te burlas de algo que para muchos representa algo más que un trapo”. El carismático personaje terminaba su carta con este sutil y maléfico interrogante:

-“Como le dije un día a Willy Toledo, Dani, -¿a que no tienes huevos de limpiarte el culo con una estelada o con la bandera del ISIS? ¿A que no?- “.

María Moliner en su diccionario del uso del español define a la bandera, como ‘un trozo de tela -es decir un trapo- generalmente formado por bandas de distintos colores, que constituye la insignia de una nación u otra colectividad’. En la década de los ochenta se desencadenó en Euskadi, y más tarde en Cataluña, la apodada ‘guerra de las banderas’. Personajes pro-etarras y, en el Principado, próximos a ‘Terra Lliure’ quemaban enseñas españolas a sabiendas de que no eran más que trapos pero que el Régimen las consideraba signo de unidad, patria y rey. La reacción de los tres poderes del Estado, como siempre en conexión, fue un auténtico disparate tan demencial como atroz. Como puso de manifiesto Ferràn Sales en la edición nacional de ‘El País’ de 22 de enero de 1985:

‘-La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona ha impuesto seis años de prisión a Juan Ridaura Hereu y a Manuel Expósito Camacho por un delito de ultraje a la Patria, cometido el 11 de septiembre de 1983 cuando quemaron una bandera española ante la estatua de Rafael de Casanovas’.

Los magistrados de la Sección Tercera, Terenciano Álvarez, Ángel de Prada y José de Quintana considerados en el mundillo judicial de talante progresista, intentaron justificar su atrocidad alegando que en todos los países se contemplan con especial gravedad los menosprecios a las banderas. Sin embargo, los autores de esa disparatada sentencia instaron al Gobierno en su último ‘considerando’ a indultar parcialmente a los condenados; una forma un tanto torpe de poner de manifiesto su mala conciencia. Solo una vez en mi largo periodo de defensor de causas perdidas un juez instructor, liberal y cívico, me dijo textualmente: ‘Proponga testigos falsos, pruebas de descargo, lo que usted quiera… Me niego a encerrar seis años en la cárcel a su clienta por quemar un trapo’.

Pero afortunadamente todo aquello ya pasó. La justicia europea aunque con la lentitud que la caracteriza tomo cartas en el asunto. Para examinarlo pongo como ejemplo dos casos judiciales. Arnaldo Otegui, condenado a un año de cárcel por llamar públicamente al Rey,  jefe de los torturadores, fue rehabilitado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con una sentencia que le reconoció su derecho a la libertad de expresión y condenó al Estado español a pagarle 20.000 euros en concepto de daños morales por vulnerarlo. El fallo razonó la desproporción existente entre la exagerada condena por injuriar al monarca y la pena muy inferior que la justicia española hubiera impuesto a Otegui si el ofendido no hubiese sido un rey.

Tiempo después dos independentistas catalanes, Enric Stern y Jaume Roura que fueron condenados por quemar una foto de gran tamaño de los Reyes en Girona también fueron a Estrasburgo. El Tribunal de Derechos Humanos declaró que la quema de la foto no constituía un ataque personal al Rey. Fue simplemente –según la Sentencia-una expresión válida de rechazo a la monarquía como institución y una denuncia hacia lo que representa el rey como jefe y símbolo del Estado’. Algo que “entra dentro de la esfera de la crítica política o disidencia y que, por tanto, forma parte del derecho a la libertad de expresión”. Pero ni todo fue tan rápido ni tan sencillo. Esquerra Republicana formuló una propuesta de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España pero el Congreso de los Diputados -el PP, el PSOE y Ciudadanos votaron en contra- ni siquiera la admitió a trámite a pesar del mandato abolicionista de los altos tribunales europeos.

Poco a poco volvieron las aguas a su cauce. El Estado tuvo que someterse a Europa. Fue entonces cuando apareció el delito de odio como comodín, el pretexto para burlar la ley y perseguir a los ciudadanos que expresaban libremente sus ideas. “Vamos a perseguir y enjuiciar los delitos de odio para que caiga el peso de la ley sobre los culpables al igual que sucede en los países democráticos”, subrayó el entonces ministro Zoido. Y se quedó tan pancho. En solo quince días Interior tramitó 125 denuncias por delitos de odio y desobediencia en el marco del 1-O. Después llegaron muchas más: raperos, manifestantes, portadores de lazos amarillos, protestatarios frente a la Guardia civil… y tantos otras personas inocentes que fueron juzgadas y sentenciadas a graves penas de prisión. Un triste retorno a los primeros años de la Transición, uno de los periodos más lúgubres y oscuros de la España postfranquista.

Tanto la bandera nacional como la estelada, aunque no son más que dos trapos, merecen la respetabilidad y deferencia que cada ciudadano les quiera conferir debido a que, respectivamente, llevan los emblemas del Estado español y de la independencia de Cataluña. Pero, eso si, en el bien entendido de que tras la desmedida respuesta política y judicial del Estado opresor contra los dirigentes de este país, ha convertido a la ‘senyera’ en un símbolo de democracia y libertad.