EL GRAN PREVADICADOR

La primera parte de mi comentario les puede parecer chocante porque la investidura de Pedro Sánchez ya se ha producido. Pero como han sido muchas las opiniones opuestas que se han generado llevarán la campaña, las intrigas palaciegas suscitadas, las conjuras de la ultraderecha, las conspiraciones de los varones del mismo PSOE y los contubernios mediáticos que han hecho lo imposible para impedirlo , paso a desvelar los ajetreos de esta comedia tragicómica.

Sorprendentemente, la gran defensora de la inmunidad de Oriol Junqueras, fue Carmen Calvo, la vicepresidenta de Gobierno, cuando explicó a la gente de forma sencilla y comprensible, que «la Sentencia de Luxemburgo se debe respetar y obedecer, ya que nos obliga para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está vinculado en España ». Sus detractores le dijeron de todo. A ella y al Gobierno que representaba. Parece que los barones del PSOE y sus bases entraron en un estado de angustia, producto de la alianza con ERC. El «frankenstein» que está construyendo Sánchez -dijo Pérez Rubalcaba-, no es el escenario ideal para la patuleia del PSOE. Muchos creen que puede producir una legislatura envenenada, dramática para los socialistas y efímera para todos.

El PP, por su parte, consideró «capaz de todo» el presidente del Gobierno en funciones, a cambio de mantenerse en el poder. «Si tiene que pactar con los golpistas, rebeldes, terroristas, antiespañoles o independentistas» lo hará. Por último, me referiré a Vox, dado que Inés Arrimadas, Belén Esteban de Ciudadanos, es la única voz que le ha quedado al partido de Rivera. Su discurso es siempre el mismo. Insultar los soberanistas con una arenga repetitiva, idéntica y pesada, proferida con palabras más propias de una «pija» de discoteca del siglo XX que de una política de hoy. La derecha convergente de Laura Borràs votó «no» al lado del PP y de Vox en contra del sentido común. Con todo ello el protagonista indiscutible de este sainete farisaico y extravagante ha sido Santiago Abascal quien, emulando a Carlos Marx, manifestó: «El PSOE, una vez más, ha vulnerado los intereses de la clase trabajadora robándole el patrimonio más preciado que tiene, la soberanía ». Todo al revés de lo que el pueblo esperaba.

El discurso de investidura del candidato, en el ámbito laboral y fiscal, fue progresista, conciliador con el proceso catalán, y contrario al poder decisorio de los jueces sobre la política que les otorgó Rajoy. Por el contrario, el concepto de unidad de España quedó intangible. Ni él, Sánchez, ni sus aliados mencionar el derecho a la autodeterminación ni la reforma de la Constitución. Manuel Marchena, presidente del tribunal protagonizó la última parte del proceso, que podía haber acabado como el rosario de la aurora: la irrupción de la ultraderecha en Cataluña. Siguió practicando su fraudulenta y artificiosa actuación procesal que llevó a cabo durante todo el juicio. El molde le dio la insensata instrucción del sumario del juez Llarena, una constante y abrumadora violación del ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación. Esto imposibilitó los juristas de toda Europa hacer un análisis en profundidad de la sentencia. A fin de cuentas su contenido no era más que una gamberrada ideológica para mantener el empleo de las fuerzas de seguridad del Gobierno de España, en Cataluña.

Mientras se representaba esta tragicomedia repleta de odio, venganza, ardilla y luchas de todo tipo, testimonio del rechazo de la ultraderecha a constituir un gobierno, Marchena iba dictando resoluciones injustas, sabedor de que lo eran. Una corruptela judicial constitutiva del delito de prevaricación castigado con penas hasta cuatro años de prisión, diez de inhabilitación y multas. Son muchas las querellas presentadas que el Supremo archiva, sistemáticamente, pero que quedan pendientes de ser resueltas por los tribunales europeos. Ahora el «Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles» ha querellado por «prevaricación continuada» contra el presidente del Tribunal Supremo y 20 magistrados más de la Audiencia Nacional y del CGPJ, por su persecución y cárcel contra los políticos catalanes que propugnan la independencia.

El triomf electoral de la coalició «PSOE-Unides Podem» ha causat certa alarma entre els magistrats que van formar Sala amb Marchena, i un major recel als del PP, que aprovaran des del primer moment la seva actuació absolutista presidint les vistes. Consideren que pot deslegitimar-se la seva tasca de fiscalització del procés, creuen que es podria atorgar a la Fiscalia un millor control i una major autonomia en la designació de jutges a Catalunya i, finalment, temen que des de la Fiscalia General de l’Estat es donin instruccions per afluixar el llaç sobre el procés.

Pero Marchena hará frente a todos, incluidos los altos tribunales europeos. No admitirá que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez despolitice la justicia ni anulará el juicio del proceso. El litigio, en puridad procesal, debería iniciarse de nuevo con todas las garantías establecidas en la resolución del TJUE porque, según declara su resolución, nace de un acto nulo que la invalida. Tampoco abrirá en la primera las puertas de la cárcel a Oriol, tras la decisión del TJUE, para que pueda recibir en Estrasburgo su acta de diputado europeo. La única solución para solucionar el conflicto es la concesión de una amnistía para todos los condenados y exiliados. Una facultad soberana que tiene el Gobierno, con independencia de la participación del poder judicial ni de la intervención de la beligerante oposición, de concederles la libertad y reparar los daños causados. Pero, sea cual fuera el final de esta astracanada, Marchena quedará en los anales de la judicatura del siglo XXI como el mayor prevaricador del Reino

La primera parte de mi comentario les puede parecer atemporal porque la investidura de Pedro Sánchez ya se ha producido. Pero como, durante la campaña, han sido muchas las opiniones opuestas que se han generado, las intrigas palaciegas suscitadas, las conjuras de la ultraderecha, las conspiraciones de los varones del mismo PSOE y los contubernios mediáticos que han hecho lo imposible para impedirlo, paso a desvelar los ajetreos de esta comedia tragicómica que Valle Inclán definiría de esperpento.

Sorprendentemente, la gran defensora de la inmunidad de Oriol Junqueras, fue Carmen Calvo, la vicepresidenta de Gobierno, cuando explicó al pueblo de forma sencilla y comprensible, que «la Sentencia de Luxemburgo se debe respetar y obedecer, ya que España está vinculada, y por tanto supeditada, a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Sus detractores, que fueron muchos, le dijeron la marimorena. A ella y al Gobierno en funciones que representaba. Los barones del PSOE y sus bases entraron en un estado de angustia como consecuencia de la alianza con ERC. El «frankenstein» que está construyendo Sánchez -dijo Pérez Rubalcaba-, no es el escenario ideal para la militancia del PSOE. Muchos de sus afiliados creen que dicha alianza producirá una legislatura envenenada, dramática para los socialistas y efímera para todos.

El PP, por su parte, consideró que el presidente del Gobierno en funciones, ‘era capaz de todo’ a cambio de mantenerse en el poder. “Si tiene que pactar con los golpistas, los  rebeldes, los terroristas o independentistas lo hará”. Por último, me referiré a Vox, dado que Inés Arrimadas, la Belén Esteban de Ciudadanos, es la única voz que le ha quedado al partido de Rivera. Su discurso es siempre el mismo. Insultar los soberanistas con una arenga repetitiva, idéntica y pesada, proferida con palabras más propias de una «pija» de discoteca del siglo XX que de una política de hoy. La derecha convergente de Laura Borràs votó «no», al lado del PP y de Vox, en contra del sentido común. Con todo ello el protagonista indiscutible de este sainete farisaico y extravagante ha sido Santiago Abascal quien, emulando a Carlos Marx, manifestó: «El PSOE, una vez más, ha vulnerado los intereses de la clase trabajadora robándole el patrimonio más preciado que tiene, la soberanía ». Todo al revés de lo que el pueblo esperaba.

El discurso de investidura del candidato en el ámbito laboral y fiscal fue progresista, conciliador con el proceso catalán y contrario al poder decisorio de los jueces sobre la política que les otorgó Rajoy. Por el contrario, el concepto de unidad de España quedó intangible. Ni él, Sánchez, ni sus aliados mencionaron el derecho a la autodeterminación ni la reforma de la Constitución. Manuel Marchena, presidente del tribunal protagonizó la última parte del proceso, que podía haber acabado como el rosario de la aurora: la irrupción de la ultraderecha en Cataluña. Siguió practicando su fraudulenta y artificiosa actuación procesal que llevó a cabo durante todo el juicio. El modelo se lo dio la insensata instrucción del sumario del juez Llarena, una constante y abrumadora violación del ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación. Esto imposibilitó a que los juristas de toda Europa pudiesen hacer un análisis en profundidad de la sentencia. A fin de cuentas su contenido no era más que una fatuidad ideológica para mantener el empleo de las fuerzas de seguridad del Gobierno de España, en Cataluña.

Mientras se representaba esta tragicomedia repleta de odio, venganza, ardilla y luchas de todo tipo, testimonio del rechazo de la ultraderecha a constituir un gobierno, Marchena iba dictando resoluciones injustas, sabedor de que lo eran. Una corruptela judicial constitutiva del delito de prevaricación castigado con penas hasta cuatro años de prisión, diez de inhabilitación y multas. Son muchas las querellas presentadas en su contra que el Supremo archiva, sistemáticamente, pero que quedan pendientes de ser resueltas por los tribunales europeos. Ahora el «Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles» se ha querellado por «prevaricación continuada» contra el presidente del Tribunal Supremo y 20 magistrados más de la Audiencia Nacional y del CGPJ por su persecución y cárcel contra los políticos catalanes que propugnan la independencia.

El triunfo electoral de la coalición «PSOE-Unidas Podemos» ha causado cierta alarma entre los magistrados que formaron Sala con Marchena, y algo más que un recelo a los del PP, que aprobarán desde el primer momento su actuación absolutista presidiendo las vistas. Consideran que la política de Pedro Sánchez puede deslegitimar su tarea de fiscalización del proceso, que la Fiscalía tendría un mejor control y que se alcanzaría una mayor autonomía en la designación de jueces en Cataluña. Finalmente, temen que desde la Fiscalía General del Estado pueden darse instrucciones para aflojar el lazo sobre el proceso.

Pero Marchena se enfrentará a todos incluidos los altos tribunales europeos. No admitirá que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez despolitice la justicia ni anulará el juicio del proceso. El litigio, en puridad procesal, debería iniciarse de nuevo con todas las garantías establecidas en la resolución del TJUE porque, según declara su resolución, nace de un acto nulo que la invalida. Tampoco abrirá de buenas a primeras las puertas de la cárcel a Oriol Junqueras, tras la decisión del TJUE, para que pueda recibir en Estrasburgo su acta de diputado europeo. La única solución para solucionar el conflicto es la concesión de una amnistía para todos los condenados y exiliados. Una facultad soberana que tiene el Gobierno de concederles la libertad y repararles los daños causados, con independencia de la participación del poder judicial ni de la intervención de la beligerante oposición. Pero, sea cual fuera el final de este esperpento, Marchena quedará en los anales de la judicatura del siglo XXI como el mayor prevaricador del Reino.