El escándalo de los jueces sustitutos

Publicado 17/06/2000

Un centenar de licenciados en Derecho imparten justicia en Catalunya sin haber superado ninguna prueba sobre su preparación para presidir un tribunal. Es urgente una reforma legal que lo impida.

Cuando la conocí era joven, bonita, vivaracha e independiente. Terminó Derecho cuando apenas tenía 22 años. Acudió a casi todos los despachos profesionales de Barcelona en busca de empleo sin conseguirlo, como hicieron cientos de chicos y chicas recién graduados en la facultad. Nunca supo de sentencias de filósofos ni de fábulas de poetas, porque no leyó a Cervantes.

Tampoco sabía inventar historias y hacer que el melancólico se mueva a risa, el simple no se enfade y el discreto se admire de la invención. A lo sumo repetía chistes manidos que celebraban con estridentes risas sus incondicionales. Poseía cuatro nociones de derecho civil que había aprendido de memoria y recitaba, como un papagayo, algunos artículos del viejo Código Penal. Pero su sonrisa permanente, la audacia que otorga la juventud, la necesidad de conseguir trabajo y aquel menguado bagaje cultural, la convirtieron en juez.

Algunos licenciados de su promoción, tan legos como ella en ciencia legal, le propusieron ser magistrada sustituta. Le dijeron que el reglamento de la carrera judicial determinaba unos requisitos de fácil observancia. Se trataba de un texto legal aprobado el 13 de julio de 1995, que encontró en el Boletín Oficial del Estado a través de Internet. A leerlo comprobó que reunía las condiciones para acceder a aquella plaza: era española, licenciada en Derecho, tenía una residencia habitual y no había cumplido todavía la edad de 75 años. El concurso consistía en rellenar un cuestionario impreso y prestar juramento sobre cuestiones tan elementales como el no haber ejercido durante los dos últimos años como abogado en el lugar solicitado para desempeñar sus funciones judiciales; darse de baja como ejerciente en su colegio profesional y asumir el compromiso de tomar posesión de la plaza una vez jurado el cargo. Así de sencillo.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Catalunya remitió al Consejo General del Poder Judicial su expediente con un informe sobre la actividad desarrollada durante el trimestre anterior que, por supuesto, era nula, lo cual, aunque parezca insólito, constituye razón de mérito. La ley es muy rigurosa sobre este extremo, ordena a los presidentes de los tribunales superiores de cada comunidad autónoma cuidar de que la actuación de los jueces suplentes se realice con la debida atención y diligencia.

Y sin más la nombraron magistrada sustituta de un juzgado de lo Social de Barcelona. No tuvo que realizar práctica alguna en la Escuela Judicial. Su madre, que acudió a la Audiencia el día de su debut como togada, lanzó a los cuatro vientos el éxito conseguido por su hija. Vetustos abogados le pedían la venia para hablar. Ella, cuando no sabía dilucidar en sala alguna cuestión, se limitaba a exclamar con voz autoritaria: «La proveyente resolverá el incidente en el momento procesal oportuno». Al finalizar cada juicio por ella presidido, que fueron muchos, profería la fórmula habitual: «Visto para sentencia». Éste fue su gran problema: dictar sentencias. Porque además de presidir las vistas «lo cual hacía con cierta solemnidad y prestancia» tenía que redactar los fallos, y para ello era preciso saber derecho. Cuando, al cabo de muchos meses las sentencias se hicieron públicas, el desconcierto, la rabia, la vergüenza ajena, el odio y la frustración fueron algunos de los sentimientos que provocaron.

Hans Magnus Enzensberger declaró en 1931 lo que hoy puede parecer una perogrullada: «La Administración de justicia precisa para emitir los fallos conocer el derecho como premisa material y tener conciencia como elemento moral». Por ello la única ambición de sus mandatarios debe ser la práctica de la equidad y el derecho con rectitud. El cargo de juez precisa de vocación, por lo que no es un empleo. Su labor tiene que satisfacer las exigencias más estrictas. El ciudadano debe acudir a los tribunales sin miedo, y por tanto sin reserva alguna, confiando que será restituido de todo aquello que la ley le otorga. La justicia, según los clásicos, es el don por el cual la sociedad, a través de sus jueces, concede al ciudadano el derecho a conseguir lo que le es debido por el simple hecho de ser persona.

Lo que relato en este artículo no es ninguna fábula. De los 381 jueces que ejercen en Cataluña hay 117 sustitutos. De éstos, 73 están adscritos de forma permanente en los juzgados. Los restantes 44 suplen a los titulares en vacaciones, bajas o excedencias.

Imparten, como los de oficio, justicia en las salas de lo penal, laboral, civil e incluso administrativo. La mayoría son muy jóvenes y carecen de la experiencia mínima que les legitima para realizar la función social encomendada por el Estado.

El tema es novedoso para el lector. Porque se censura siempre la lentitud de la justicia, la ineficacia de sus resoluciones, la discriminación entre ricos y pobres… pero no se profundiza en el origen de estos vicios. Su solución requiere una reforma urgente de la ley orgánica del poder judicial que obligue a superar, en caso de mantenerse la institución, pruebas de aptitud mucho más severas, sometiendo a los aspirantes a efectuar las mismas prácticas que los jueces de carrera realizan en la Escuela Judicial. Un examen que valore, además de sus conocimientos, su experiencia y voluntad de servir al pueblo con sabiduría y vocación sociales. De esta forma se recuperará, mediante la distribución del bien común, el ejercicio de una democracia auténtica basada en el respeto y la tolerancia de las gentes, único fundamento de la libertad como norma de convivencia.