EL COMPLOT DE LOS TRES PODERES

De las miles de sandeces que se han dicho por parte de políticos, fueran del color que fueran, sobre los tres poderes, la más estúpida ha sido la frase de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegurando que «se están dando los pasos adecuados para que Bélgica acepte entregar a Carles Puigdemont «. Una disimulada declaración de guerra fruto de la insensatez y la incultura. Como justificación, Delgado destacó que la cooperación jurídica en Europa «funciona bien porque cuenta con la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), un sistema muy ágil para practicar extradiciones. Fernando Grande-Marlaska revalidó su afirmación. «Confío absolutamente en que la Justicia de Bélgica responderá positivamente. Si somos parte de la Unión Europea, si tenemos el espacio de justicia y libertad, si tenemos la orden europea de detención y entrega es porque existen ordenamientos jurídicos absolutamente homologados los unos con los otros «, recalcó.

Resulta inexplicable que Dolores Delgado, jurista de prestigio, que cuando era fiscal de la Audiencia Nacional se opuso a la entrega en Suiza del informático Hervé Falciani, haya dicho esta atrocidad. Pero lo que no parece que sepa la Ministra es que el gobierno no se puede interponer ante las tareas de la justicia. Respecto a Grande-Marlaska no es de extrañar que haya revalidado aquella insensatez. Acababa de difundir mediante ‘La Razón’ que «la violencia en Cataluña ha sido de mayor impacto que la del país Vasco». Rajoy dio sepultura a la política al  sustituirla por la justicia. El costo fue muy alto: tuvo que rendirse como presidente de España. Desde entonces la política la dirigió el TS. La incapacidad y apatía de Rajoy para resolver problemas políticos como el proceso independentista de Cataluña, le impulsó a dejar en manos de la justicia el blindaje de la monarquía borbónica y la defensa de la unidad de España. Una prueba irrefutable de la falta de separación de los tres poderes y un hecho execrable que invalidó la democracia al confundir el ejecutivo con el judicial. En consecuencia, una decisión que podría convertir al juez Llarena y al resto de magistrados de la Sala Segunda del TS en presuntos prevaricadores.

La España borbónica nunca fue un estado de derecho. Y esto es así porque, según Montesquieu, la democracia moderna se fundamenta en la autonomía de los que hacen las leyes, de los que gobiernan y los que juzgan. En un estado de derecho, estos tres poderes deben ser soberanos. Se deben coordinar de tal manera que cada uno de ellos pueda controlar y fiscalizar a los otros dos. Pero estas tres fuerzas nunca coexistieron con autonomía. Montesquieu lo razona así: «la experiencia nos ha enseñado todo hombre que tiene poder abusa de él.. Para evitarlo sólo hay una solución. Disponer las cosas con un talante, tan potente como vigoroso, que obligue al poder a controlarse a sí mismo «.

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo convergen en una misma institución no hay libertad posible porque, si eso ocurriera, el Gobierno promulgaría leyes absolutistas y las aplicaría a su gusto y en su propio interés. Tampoco hay libertad cuando el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Una perversión que en la España del Rey Felipe, heredada del dictador Francisco Franco y de su padre Juan Carlos, se viene arrastrando desde la transición hasta la actualidad. La actuación del juez Llarena relevante de facto a Mariano Rajoy, la declaración de guerra a Bélgica por parte de la ministra y la promesa de Pedro Sánchez de extraditar a Puigdemont, así lo indica. Sólo hay que señalar el control por parte del gobierno de los altos organismos que administran la justicia como el TC o el de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, que en teoría los fiscalizan, llamados todos ellos por los partidos políticos mayoritarios. Cuando se ejercita esta práctica funesta, el Tribunal de Garantías se transforma en un servidor del Gobierno dado que sus miembros pierden su independencia y libertad.

Ahora quien le ha puesto la guinda al pastel ha sido el mismo Pedro Sánchez. Por fin el Gobierno de España ha reconocido la inexistencia de separación de poderes. El candidato socialista se ha comprometido a llevar a Carles Puigdemont de regreso a España para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, para que la Fiscalía General del Estado -dijo- depende del Ejecutivo. Sánchez ha dado este argumento como garantía para poder cumplir la promesa hecha durante el debate electoral. Su proceder ha causado sorpresa y estupefacción a los fiscales del Supremo. A mí me ha producido una gran satisfacción. Por primera vez el propio Ejecutivo ha reconocido que en España no hay separación de poderes. La estulticia y dejadez de las declaraciones de Sánchez, han demostrado que los que gobiernan prefieren hacerlo con despotismo totalitario como obraba en Franco. Anteponen la dictadura y la tiranía a la libertad y la democracia.