CRIMINALES DE OPERETA

No me imagino a Núria Llorach, Martí Patxot, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, directivos de TV3 y de Catalunya Ràdio, traficando con drogas, ejerciendo de proxenetas o practicando la extorsión, el chantaje o la violencia para blanquear dinero. Tampoco me los figuro cometiendo actos de terrorismo o perpetrando acciones despóticas contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas elementos constitutivos del delito de ’organización criminal. Siempre he creído que eran gente normal que practicaban, con mejor o peor fortuna, trabajos de dirección informativa en los medios oficiales.

Sin embargo la Fiscalía no opina lo mismo. ”La vulneración de los ahora procesados de las resoluciones del TC que ordenaron la suspensión del referéndum ilegal del 1-O –sostiene- constituye un delito de organización criminal. Comparar a estos funcionarios con Al Capone, Lucky Luciano o Frank Costello, los asesinos más crueles y despiadados de la historia moderna universal constituye un nuevo disparate procesal más propio de un esperpento de Valle Inclán o una opereta surrealista de Jean Cocteau, que de una actuación judicial trascendente y capaz. Pero, bromas aparte, la magnitud de este nuevo desaguisado de la Fiscalía produce alarma e inquietud.

En teoría el poder judicial es independiente de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, al contrario de la Fiscalía que por ley esta al servicio del Gobierno. Sin embargo en la práctica los jueces están en manos del régimen político que ostente el poder. Cuando Mariano Rajoy declinó su responsabilidad política delegando en los jueces el mantenimiento de la ofensiva abierta contra Cataluña perdió la presidencia de Gobierno. Ahora la Fiscalía de Barcelona subordinada al actual gabinete del PSOE, incomprensiblemente, acaba de ampliar la denuncia que tramita el Juzgado nº 13 acusando a los inculpados de ser miembros de una ‘organización criminal’.

El Ministerio público del PSOE afirma que los presuntos hechos, la organización de un referéndum ilegal, son constitutivos de este ilícito penal. Algo tan absurdo, falso e increíble que solo un perturbado podría concebir. Alejandra Gil, la actual titular del referido juzgado se sintió de igual a igual con Giovanni Falcone el juez de la ‘Cosa Nostra’ y decidió actuar con solidez y contundencia. Pero la omnipotente togada olvidó que el popular magistrado anti mafia fue asesinado en el aeropuerto de Palermo por orden de  ‘Totó Riina’, uno de los capos más sanguinarios de los ‘Corleonesi’.

Alejandra Gil perdió los estribos. Decretó el embargo sobre bienes de los presuntos ‘criminales’ que no habían pagado los 5,8 millones de euros que les había impuesto como fianza tiempo atrás. Molons, Clotet, Ginesta, Royo Sutrías y Vidal solo habían consignado 3,7 millones del total que la Caja de Solidaridad había logrado reunir. La eficiente inquisidora les advirtió que si no abonaban el resto decretaría contra ellos auto de prisión.  Pero el tiro le salió por la culata. Los, 2,1 millones que faltaban fueron ingresados por dicha organización solidaria el pasado día 23.  

Cuando Mariano Rajoy dejó en manos del TS la protección de la monarquía borbónica y la defensa de la unidad de España, dejó de dirigir el Estado español. Su constante incapacidad y apatía para resolver los problemas políticos de su competencia, en especial la ocupación dictatorial de Cataluña invalidó el estado de derecho, confundió el poder ejecutivo con el judicial y transformó al juez Pablo Llarena y a los magistrados del Supremo en mandamases del Ejecutivo. La aparición del delito de organización criminal sigue siendo una incógnita porque el Fiscal General ha cambiado de dueño y de color. Ahora lo es del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, en teoría más dialogante y conciliador. 

La aberración procesal de convertir a simples ciudadanos en criminales impulsada por el acusador público puede ser la consecuencia de un error motivado por la falta de comunicación entre el gabinete de transición y el departamento de fiscalía. Aun así muchos ciudadanos recelan del papel de la institución real en el conflicto. En su desafortunado panegírico del pasado 3-X-2017, Felipe de Borbón contraviniendo el papel de árbitro que le otorga la Carta Magna tomó partido ante el desafío independentista y requirió al Estado para que endureciera sus medidas represoras para asegurar la consolidación del orden constitucional en Cataluña. Si fuera así, esta nueva irracionalidad borbónica superaría en mucho la cantinflada del fiscal. Avivar la llama del odio y la discordia en contra de la paz, la distensión y la concordia es justamente lo que no debe hacer, en democracia, ningún Jefe del Estado.