VERGUENZA AJENA

Quim Torra designado presidente de la Generalitat por la gracia de
Dios ignora la opinión que Cervantes tenía sobre el cautiverio: «el
mayor de los males que un hombre puede afrontar” porque, sin el
menor resquicio de madurez social, se atribuyó a si mismo la condición de ‘preso político’. Una manifestación falaz, irrespetuosa
y espuria contra los patriotas catalanes injustamente encarcelados
que me indigna. La falta de libertad, la más sombría de las parcelas
de la justicia, anula la voluntad de las personas, las degrada y veja
de tal forma, que las convierte en ruinas físicas y morales.
Nuestros presos políticos se hallan en prisión como reclusos
preventivos, una chapuza procesal censurada por las altas
instancias de la justicia universal. La prisión provisional es una
medida cautelar excepcional para asegurar que el encartado se
presente ante el Tribunal el día del juicio y no oculte pruebas. Por
eso no puede tener una duración prolongada en el tiempo. Pero el
mal hacer, falsamente justiciero, que todavía persiste en la
mentalidad obcecada y retrógrada de muchos magistrados hace
que la impongan a modo de castigo. Olvidan que sus víctimas, al no
haber sido condenadas por ningún tribunal aún son, legal y
técnicamente, inocentes.
La represión policial frente al referendo del 1-O y la aplicación del
155 fueron las gotas de agua que colmaron el vaso de la paciencia
y el pacifismo. Las fuerzas de ocupación repelieron a sangre y
fuego a los electores sin la aparente prescripción de ningún criterio
superior inspirado en la razón. La policía flageló, apaleó y linchó a
cuantos ciudadanos acudieron a los colegios electorales. Pero los
partidos independentistas, la derecha convergente reconvertida en
JuntsxCat i ERC, perdieron la necesaria e imprescindible unidad
de pensamiento y modo de hacer que les debía unir.
Unos y otros capitalizaron para sus propios intereses la indignación
ciudadana fruto de la violenta política de horca y cuchillo del Estado
contra los patriotas catalanes. Fue entonces cuando Torra para
ganar adeptos para su formación comenzó a pronunciar palabras
huecas contrarias al sentido popular refrendadas por Laura Borrásy
otros dirigentes del JuntsxCat. Torra se manifestó contrario a la
investidura de Pedro Sanchez en contra de la opinión de los otros
partidos independentistas y de la lógica más elemental. De todos los gobiernos de coalición posibles, el contubernio PSOE y Juntas
Podemos es el menos malo. Supone la no aplicación del 155 y una
posible amnistía para los condenados. Muchos catalanes hubiesen
vetado al candidato ante su actitud contra Cataluña pero el sentido
común les aconsejó todo lo contrario.
Esta desunión soberanista se reveló en las vergonzantes sesiones
de investidura que protagonizó Pedro Sánchez, motivado por su
ignorancia de la existencia de la política de coalición y su
dependencia del capitalismo voraz. En dichas jornadas Gabriel
Rufían, diputado de ERC, defendió a ultranza la instauración de un
gobierno izquierdista con el partido de Pablo Iglesias. Fue, el
debate de investidura, un esperpento triste y amargo para los
partidos progresistas que puede abrir las puertas a un
levantamiento armado contra Cataluña a VOX y a sus retrógrados
compañeros de viaje
El fracaso de Sánchez no solo ha favorecido a Cs, PP y VOX sino
también ha impulsado al TS a remediar con una nueva chapuza la
irregular situación de los ‘presos preventivos’, una torpeza procesal
grave que ha sido censurada por las más altas instancias judiciales
europeas. Marchena se ha sacado de la manga una vieja ley jamás
aplicada por el alto tribunal: comunicar el fallo de la futura sentencia
en una audiencia abierta al público y a los medios informativos y
retrasar cuatro o cinco meses la redacción de sus fundamentos. De
esta forma los acusados dejaran de ser presos preventivos y
pasarán a ser ‘penados’.
Esta guerra abierta de los tres poderes del Estado contra Cataluña
ha fomentado una repulsa radical de la ciudadania a la hostilidad de
sus agresores Por fin, el pueblo, se ha percatado de que los
políticos solo aspiran a conseguir el poder por motivaciones
espurias: privilegios, dinero y prosperidad. Cataluña –no los
partidos soberanistas- reclama, como primera providencia, el
retorno de los exiliados, la amnistia (no el indulto) de los presos y la prosecución del proceso independentista en libertad. El referéndum
que reclama Torra vendrá después.

UNA RAZÓN DE ESTADO

Durante la dictadura del general Franco, España sirvió de cobijo a curas, militares, falangistas, requetés, ‘grises’ y demás esbirros del sátrapa que deambulaban por sus sórdidas y miserables calles huyendo del hambre y la miseria. De todos ellos, los presbíteros eran los más afortunados por ser patricios destacados de una Nación cuyo caudillo desfilaba bajo palio. El Concordato de 1953  con la Santa Sede instituyó como norma de fe que “la religión católica era la única confesión verdadera, obligatoria y pública establecida por el Estado”. Cuando el 20 de noviembre de 1975, el Caudillo pasó a mejor vida surgieron voces antagónicas. Unos se desayunaron con vino de misa y unas hostias de pan de ángel para levantar su espíritu mientras que las víctimas de su sangrienta tiranía, lo hicieron con bocatas de chorizo y champaña catalán. 

A partir de la muerte del opresor el pueblo español anduvo a la deriva, temeroso de Dios. Sus víctimas veían como las fuerzas fascistas desmantelaban las pocas migajas de liberalismo que les quedaban pero, por prudencia, no tomaban partido. Preferían mantener una actitud de conformismo con el sistema que optar por llevar a cabo actuaciones de libertad y democracia. Por el contrario, sus partidarios reivindicaban día a día los cuarenta años de imperialismo. Lo hacían ataviados con los uniformes de Falange, cantando himnos brazo en alto, e imponiendo a viva fuerza su autoridad. El miedo cundía entre la población. 

El rey Juan Carlos, su sucesor, se declaró franquista a perpetuidad. Juró cumplir y hacer cumplir la Leyes Fundamentales del Movimiento. Por fortuna no fue así. Influenciado por su padre, Juan de Borbón, juró la constitución. Se convirtió para los franquistas en el Rey traidor. Nombró a ‘siete padres de la Patria’ de su confianza como Pérez Llorca, Cisneros, Fraga Iribarne o Roca Junyent, conversos de sotana y sacristía, para que redactaran la Carta Magna siguiendo sus consignas. Se promulgó en 1978 pero en su artículo 16 se dispuso tal vez por error que España “es un ‘estado aconfesional por lo que ninguna religión tendrá carácter estatal”.                                                                                                                                                                  

Sin embargo a partir de la Transición el estado confesional franquista subsistió amparado por la Conferencia Episcopal, una institución dirigida por los obispos más retrógrados y cavernícolas del Estado español. Los clérigos pasaron de ser esclavos del dictador a perpetuarse dueños absolutos de la democracia. Dejaron de ser puros servidores del sátrapa para transformarse en los prelados más ricos y  poderosos de la Nación. La pederastia y su encubrimiento mantenidas por la jerarquía católica desde los pontificados de Juan XXIII a Benedicto XVI, llegó a niveles desmesurados. Hasta el año 1999 los abusos sexuales cometidos por el clero a adolescentes de ambos sexos fueron 307.367. Por fortuna para los católicos siempre existió un sector de la Iglesia, próspero, progresista y liberal contrario a estas perversiones consentidas por la Conferencia Episcopal, que realiza una difícil misión de apostolado entre sus fieles predicándoles la fe.

Pero este no es el objeto de este artículo. Mi propósito es el de dar a conocer a mis lectores el gigantesco expolio de monumentos, catedrales, palacios, templos e incluso ayuntamientos llevado a cabo por la Conferencia Episcopal. La Iglesia católica ha gozado de este beneficio desde 1946. Casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos y, desde la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, iglesias, catedrales y ermitas han sido “in-matriculadas” a nombre de sus respectivas diócesis. Se calcula que unas 5.000 propiedades públicas son ahora propiedad de la Iglesia al haber sido privatizadas a su favor por el irrisorio precio de 30 euros la unidad. Aznar para rizar el rizo de la vergüenza nombró notarios a los obispos para agilizar el trámite de las delictuosas y punibles adquisiciones, una inmundicia mas que contradice el espíritu aconfesional de la Constitución Española. 

Cuando se promulgó la ley de leyes se puso de manifiesto la existencia de un consenso social que reivindicaba poner fin a los privilegios de la Iglesia católica. La sociedad y la ley exigían que el Estado no favoreciera a ninguna confesión. No obstante desde 1978 ningún Gobierno fue capaz de aplicar la laicidad exigida por el pueblo a la cosa pública motivo por el que, el poder de la Iglesia se ha convertido en una razón de Estado. Un argumento de vital importancia que no aparece en las veinte propuestas del programa de Pedro Sánchez para un pacto de Gobierno que va propagando con prodigalidad. Y esto sí que es verdaderamente preocupante.  

LOS DEFENSORES DE LA MANADA

A nivel judicial los defensores togados de esa escoria autodenominada ‘La Manada’, una pandilla de facinerosos, violadores y descerebrados que agredieron sexualmente a una joven madrileña en Pamplona, son relativamente pocos. El magistrado, Ricardo Javier González, exultante líder del machismo más recalcitrante de la católica España, su ferviente y aventajado alumno, Agustín Martínez, abogado-defensor de los que la forzaron conocido tambíen como el ‘macho alfa de la pandilla’ y el líder de VOX en Andalucía, Francisco Serrano, un juez a quien el CSPJ expulsó de la carrera judicial. Los tres son conservadores de pura cepa, sementales de opereta, machos ibéricos por antonomasia y desbraguetados incontinentes de quita y pon. 
González en su voto particular contra la sentencia dictada por la Audiencia de Pamplona hizo gala de sus grandes dotes progresistas a favor del hombre. Su contenido es un panfleto ruin, calumnioso, degradante, mezquino y de baja estofa contra la desventurada joven. Porque, el tal González, un juez braguetero y tórrido de mirada extraviada, es hijo natural de la cultura machista, retrógrada y nacional católica imbuida por la represión sexual de la dictadura. En su sicalíptica resolución negó la comisión de delito sexual alguno por parte de ‘La Manada’ ya que, según él, todo se desarrolló en un ambiente “de fiesta amigable y cordial bajo un entorno de gresca y alegría”. Echaron unos polvos por todos consentidos que les causaron deleite y bienestar; unos actos voluptuosos celebrados a lo grande por la infeliz, que no cesó en ningún momento de emitir gemidos de goce y alegría.

Por su parte Martínez Becerra, el abogado defensor de ‘La Manada’, en contra de toda lógica y sentido común pidió la absolución de sus clientes a la Audiencia, al Tribunal Superior y al Tribunal Supremo porque, según él, la falsa víctima se lo pasó a las mil maravillas mientras la violaban aquellos cinco energúmenos. La joven no sufrió nada, al contrario, se volvió loca de placer. En las altas esferas de la Justicia el machismo todavía ondea a toda vela contra el progreso. Más de 760 magistrados españoles denunciaron ante el ‘Consejo Consultivo de Jueces Europeos’ que las organizaciones feministas “se conjuraron y lincharon al juez González o, lo que es lo mismo, amenazaron a la independencia judicial”. Defendieron a capa y espada su absurda y maloliente tesis refrendada parcialmente por la imprudente sentencia de la Corte pamplonica que dejó en libertad a los cinco miembros de ‘La Manada’ tras imponerles 9 años de cárcel por la comisión de un delito continuado de abuso sexual. Fueron todos ellos –magistrados de prestigio- los responsables de aquel nuevo disparate político y social que produjo no solo vergüenza y asco en toda Europa sino que demostró una vez más que el machismo perdura en una sociedad en la que la protección de la mujer es inexistente.

He conocido abogados, jueces y fiscales de todos los colores: necios, listos, haraganes, corruptos, delincuentes y drogadictos aunque ninguno ha superado a este vergonzoso terceto de presuntos juristas cuya peculiar tesis sobre la inocencia de los miembros de ‘La Manada’ ha sido invalidada por el TS. Pero, al igual que George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, integrantes del trío de las Azores –responsables de la Guerra de Irak y de sus trágicas consecuencias- no serán inhabilitados ni amonestados por las altas instancias judiciales. Les exime la libertad de expresión y el derecho de defensa en favor de sus protegidos. Por su parte Juan Carlos de Borbón, el monarca campechano, hoy rey emérito, mientras morían miles y miles de iraquíes en la contienda, difundía por televisión frases tan jocosas y festivas como ‘la ley es igual para todos’, un chiste sin gracia sobre el derecho a la igualdad no exento de mala fe. Se mofaba de las buenas gentes porque sabía que no era así. La ley no se aplica por igual a ricos y a pobres, a curas y a seglares, a pederastas y a damiselas, a magnates y a ladronzuelos… 

Porque, diga lo que diga la Constitución o el rey Borbón, la ley no es igual para todos. Basta con poner frente a frente los casi dos años de prisión preventiva a los políticos catalanes sin sentencia alguna, los 640 días decretados contra Sandro Rosell, procesado por un delito del que fue absuelto, con los 365 días de libertad concedidos graciosamente a los miembros de ‘La Manada’ condenados a 9 años de prisión. Y ello es así porque cuando las leyes devienen en obsoletas no deben acatarse. Es claro y evidente que la Constitución que rige con más fuerza y eficacia frente a todas las demás, es el sentido común.