EL GRAN PREVADICADOR

La primera parte de mi comentario les puede parecer chocante porque la investidura de Pedro Sánchez ya se ha producido. Pero como han sido muchas las opiniones opuestas que se han generado llevarán la campaña, las intrigas palaciegas suscitadas, las conjuras de la ultraderecha, las conspiraciones de los varones del mismo PSOE y los contubernios mediáticos que han hecho lo imposible para impedirlo , paso a desvelar los ajetreos de esta comedia tragicómica.

Sorprendentemente, la gran defensora de la inmunidad de Oriol Junqueras, fue Carmen Calvo, la vicepresidenta de Gobierno, cuando explicó a la gente de forma sencilla y comprensible, que «la Sentencia de Luxemburgo se debe respetar y obedecer, ya que nos obliga para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está vinculado en España ». Sus detractores le dijeron de todo. A ella y al Gobierno que representaba. Parece que los barones del PSOE y sus bases entraron en un estado de angustia, producto de la alianza con ERC. El «frankenstein» que está construyendo Sánchez -dijo Pérez Rubalcaba-, no es el escenario ideal para la patuleia del PSOE. Muchos creen que puede producir una legislatura envenenada, dramática para los socialistas y efímera para todos.

El PP, por su parte, consideró «capaz de todo» el presidente del Gobierno en funciones, a cambio de mantenerse en el poder. «Si tiene que pactar con los golpistas, rebeldes, terroristas, antiespañoles o independentistas» lo hará. Por último, me referiré a Vox, dado que Inés Arrimadas, Belén Esteban de Ciudadanos, es la única voz que le ha quedado al partido de Rivera. Su discurso es siempre el mismo. Insultar los soberanistas con una arenga repetitiva, idéntica y pesada, proferida con palabras más propias de una «pija» de discoteca del siglo XX que de una política de hoy. La derecha convergente de Laura Borràs votó «no» al lado del PP y de Vox en contra del sentido común. Con todo ello el protagonista indiscutible de este sainete farisaico y extravagante ha sido Santiago Abascal quien, emulando a Carlos Marx, manifestó: «El PSOE, una vez más, ha vulnerado los intereses de la clase trabajadora robándole el patrimonio más preciado que tiene, la soberanía ». Todo al revés de lo que el pueblo esperaba.

El discurso de investidura del candidato, en el ámbito laboral y fiscal, fue progresista, conciliador con el proceso catalán, y contrario al poder decisorio de los jueces sobre la política que les otorgó Rajoy. Por el contrario, el concepto de unidad de España quedó intangible. Ni él, Sánchez, ni sus aliados mencionar el derecho a la autodeterminación ni la reforma de la Constitución. Manuel Marchena, presidente del tribunal protagonizó la última parte del proceso, que podía haber acabado como el rosario de la aurora: la irrupción de la ultraderecha en Cataluña. Siguió practicando su fraudulenta y artificiosa actuación procesal que llevó a cabo durante todo el juicio. El molde le dio la insensata instrucción del sumario del juez Llarena, una constante y abrumadora violación del ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación. Esto imposibilitó los juristas de toda Europa hacer un análisis en profundidad de la sentencia. A fin de cuentas su contenido no era más que una gamberrada ideológica para mantener el empleo de las fuerzas de seguridad del Gobierno de España, en Cataluña.

Mientras se representaba esta tragicomedia repleta de odio, venganza, ardilla y luchas de todo tipo, testimonio del rechazo de la ultraderecha a constituir un gobierno, Marchena iba dictando resoluciones injustas, sabedor de que lo eran. Una corruptela judicial constitutiva del delito de prevaricación castigado con penas hasta cuatro años de prisión, diez de inhabilitación y multas. Son muchas las querellas presentadas que el Supremo archiva, sistemáticamente, pero que quedan pendientes de ser resueltas por los tribunales europeos. Ahora el «Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles» ha querellado por «prevaricación continuada» contra el presidente del Tribunal Supremo y 20 magistrados más de la Audiencia Nacional y del CGPJ, por su persecución y cárcel contra los políticos catalanes que propugnan la independencia.

El triomf electoral de la coalició «PSOE-Unides Podem» ha causat certa alarma entre els magistrats que van formar Sala amb Marchena, i un major recel als del PP, que aprovaran des del primer moment la seva actuació absolutista presidint les vistes. Consideren que pot deslegitimar-se la seva tasca de fiscalització del procés, creuen que es podria atorgar a la Fiscalia un millor control i una major autonomia en la designació de jutges a Catalunya i, finalment, temen que des de la Fiscalia General de l’Estat es donin instruccions per afluixar el llaç sobre el procés.

Pero Marchena hará frente a todos, incluidos los altos tribunales europeos. No admitirá que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez despolitice la justicia ni anulará el juicio del proceso. El litigio, en puridad procesal, debería iniciarse de nuevo con todas las garantías establecidas en la resolución del TJUE porque, según declara su resolución, nace de un acto nulo que la invalida. Tampoco abrirá en la primera las puertas de la cárcel a Oriol, tras la decisión del TJUE, para que pueda recibir en Estrasburgo su acta de diputado europeo. La única solución para solucionar el conflicto es la concesión de una amnistía para todos los condenados y exiliados. Una facultad soberana que tiene el Gobierno, con independencia de la participación del poder judicial ni de la intervención de la beligerante oposición, de concederles la libertad y reparar los daños causados. Pero, sea cual fuera el final de esta astracanada, Marchena quedará en los anales de la judicatura del siglo XXI como el mayor prevaricador del Reino

DIATRIBA CONTRA EL ENGAÑO

Las vulneraciones contra el sentido común que se han producido durante el proceso por parte de analistas políticos han sido dos: la declaración institucional de que la Constitución española es inalterable, y la discusión sobre los grados penitenciarios que se aplicarán a los presos políticos condenados. Carmen Calvo, Nadia Calviño o Dolores Delgado, licenciadas en derecho, o Margarita Robles y Fernando Sánchez Marlaska que son magistrados, lo han hecho a conciencia para engañar a la gente. Quieren que el pueblo crea que la carta magna es inviolable y que, por tanto, debe mantenerse tal cual. Otros, como Teresa Ribera, Carmen Montón o Pedro Duque, que no son juristas,lo han hecho por ignorancia, mala fe o simple parloteo.

Algunos analistas afirman que la reforma constitucional es una solución mágica para resolver el problema catalán, pero que requiere mayorías cualificadas en las dos cámaras, muy difíciles de conseguir. Otros, como Javier Pérez Royo, sostienen todo lo contrario: España es uno de los países de Europa en que se han producido menos enmiendas constitucionales; en treinta y nueve años, sólo ha habido dos. En cambio, en otros países revisan la carta magna periódicamente. Los Estados Unidos, por ejemplo, han llevado a cabo siete enmiendas sobre cuestiones de gran trascendencia, como los derechos civiles, los votos, la libertad de expresión o el límite de mandatos del presidente. En el Reino Unido ha habido cincuenta y un cambios desde la II Guerra Mundial. Por el contrario, en Francia, fundadora de la democracia moderna, sólo se han producido diecisiete, aunque, ahora, Emmanuel Macron, propone una enmienda para reducir el número de parlamentarios, y modificar los sistemas electo y legislativo.

En discrepancia con estos países democráticos, en España sólo se han producido dos, aunque, tal como dispone el texto preliminar del Código Civil, la Constitución requiere una transformación a fondo. De esta manera su contenido sería un referente de la realidad social, política y progresista del momento histórico en que vivimos. Es urgente e imprescindible una enmienda general para ponerla al día. El problema es que los diputados no gobiernan. Sus votos son todos idénticos ya que tan sólo se limitan a obedecer, como perros bien adiestrados, al jefe de su partido. Tal como funciona el congreso, en la actualidad, los diputados no se diferencian en nada de los procuradores de las cortes franquistas. Obedecen rigurosamente a sus líderes, ajustician el estado de derecho, desautorizan sus instituciones, pierden la confianza de sus representados y debilitan la democracia. Por ello, es evidente, que se ha de reformar a fondo el sistema si se aspira a conseguir una república democrática real para España y la independencia para nuestro país. Este es el punto de la negociación entre PSOE y ERC, más importante en cuanto al proceso y que ni siquiera se ha puesto sobre la mesa.

Respecto a la polémica existente sobre los grados penitenciarios que deberían aplicarse a los patriotas condenados, me indigna profundamente. Es una práctica indecorosa y vil, más propia de funcionarios de prisiones que de independentistas. Si los reclusos políticos no cometieron ningún delito, se debe exigir al gobierno del Estado que les aplique la amnistía para eximirlos de culpabilidad y que se les repare los daños causados. Discutir de indultos, permisos o pequeños períodos de libertad, implica el reconocimiento de su culpabilidad. Lo que hay que debatir, y con más razón después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es la causa por la que Oriol Junqueras aún está ilegalmente en prisión desde que fue nombrado miembro del Parlamento, el hecho de que no se haya anulado el proceso, la vulneración por parte del Supremo del derecho a la libertad personal y el de sufragio pasivo, y la razón por la que no se haya investigado la comisión de un delito de prevaricación perpetrado por el juez Marchena. Esta es la verdadera realidad. El resto son vacuidades que no puedo más que resistirme a analizar.

HACIA LA NADA

Son muchos los líderes de opinión que mantienen que «el Abogado Estrella» del juicio del Proceso fue Javier Melero. Yo creo todo lo contrario. Por desgracia, la estrategia de Melero fue convencional y tópica, aunque no exenta de profesionalidad. Melero, no se enteró de que se trataba de un juicio político, absolutamente injusto, fruto de la venganza unionista de Rajoy y sus acólitos del PP, compartida por Ciudadanos y secundada por algunos magistrados del TS, VOX y el mismo Sánchez. El letrado Melero, realizó un ejercicio técnico, academicista, y apolítico, en un juicio revolucionario, anulando la estrategia que se habían planteado otros abogados como Van den Eynde, Marina Roig, Olga Arderiu o Benet Salellas, que intentaron politizar el caso mediante el enfrentamiento con el tribunal.

Son muchos los líderes de opinión que mantienen que «el Abogado Estrella» del juicio del Proceso fue Javier Melero. Yo creo todo lo contrario. Por desgracia, la estrategia de Melero fue convencional y tópica, aunque no exenta de profesionalidad. Melero, no se enteró de que se trataba de un juicio político, absolutamente injusto, fruto de la venganza unionista de Rajoy y sus acólitos del PP, compartida por Ciudadanos y secundada por algunos magistrados del TS, VOX y el mismo Sánchez. El letrado Melero, realizó un ejercicio técnico, academicista, y apolítico, en un juicio revolucionario, anulando la estrategia que se habían planteado otros abogados como Van den Eynde, Marina Roig, Olga Arderiu o Benet Salellas, que intentaron politizar el caso mediante el enfrentamiento con el tribunal.

La actuación profesional de Melero, más propio de una causa por corrupción o robo, que de un delito de rebelión, fue todo un fracaso. Su calma, y ​​serenidad judicial, y la evidente complicidad, complotada y rastrera, con Manuel Marchena, el presidente del tribunal, que Melero proclamó explícitamente a finales de la vista, no consiguió la absolución de su cliente. Todo ello, fue una pura fanfarronada. El historial del reputado penalista le ha desautorizado, su estrategia procesal se ha convertido en un desacierto, tan confuso, como bien pagado por un cliente, al que, encima, se permite despreciar. El patinazo de Melero confirma todo lo que dicta el sentido común: que el abogado, en un juicio político, no es más que una figura ornamental y un colaborador necesario para que el simulacro del aparato procesal parezca auténtico y justo. Pero, unos juegos de palabras nunca podrán sustituir la constatación de la verdad, ni las astucias de un penalista reputado, tendrán fuerza para cambiar la finalidad política del proceso.

Durante el franquismo, en el que sí había presos políticos radicales, se formó un colectivo de abogados, que combatir la represión del TOP con actitudes y comportamientos beligerantes. Sus integrantes pusieron en práctica los juicios «de ruptura» en contra de los «de concordia o connivencia». Se enfrentaban con valentía al tribunal, jugándose su propia libertad, porque sabían que la sentencia ya estaba escrita y que los magistrados no daban ningún valor a las pruebas practicadas. Se les imponían multas, expulsiones, procesamientos, sanciones administrativas y, todos ellos, eran controlados escrupulosamente por la policía. Eran tiempos de gran represión, en los que los reclusos morían en las cárceles, de debilidad, agarrotados, o, se les llevaba directamente a los pelotones de fusilamiento. En aquella época Melero era funcionario de prisiones, partícipe de excepción de las vejaciones, la miseria y el hacinamiento de los presos. Después se hizo abogado.

Melero, en el libro que acaba de publicar afirma que «el juicio del Proceso ha sido justo, pero la sentencia injusta»: un intento de quedar bien con unos y con los otros: con sus clientes, y con el tribunal. Pero esto no se aguanta ni con pegamento ‘inmedio’. La sentencia es una parte inseparable del proceso. Melero, no deja de hacer declaraciones políticas a los medios de comunicación, despreciando el independentismo, que le paga la minuta. Su afán de protagonismo le ha llevado a despreciar a los abogados independentistas con estas palabras: «espero que todos ellos hayan puesto en sus minutas pluses patrióticos» o, tal y como manifestó por RAC1: «prefiero salir de copas con Marchena, Zaragoza , Moreno y Madrigal, que con mis clientes «.

No resulta racional que alguien, unionista, antisoberanista, promotor de Ciudadanos, integrado en el mismo sistema que ha encarcelado a su cliente, suba al estrado a defenderlo en contra de sus verdugos. Tampoco resulta coherente, que Joaquim Forn, licenciado en Derecho, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ​​primer teniente de alcalde con Xavier Trias y consejero de Interior del gobierno Puigdemont, haya podido caer en esta trampa tan pueril como absurda. Mientras tanto, Javier Melero escribe libros, con títulos convencionales, a costa de su cliente. Le propongo un nuevo título original para poner fin dignamente a su carrera literaria. Se dice así: ‘Pasaporte hacia la Nada’.

La actuación profesional de Melero, más propio de una causa por corrupción o robo, que de un delito de rebelión, fue todo un fracaso. Su calma, y ​​serenidad judicial, y la evidente complicidad, complotada y rastrera, con Manuel Marchena, el presidente del tribunal, que Melero proclamó explícitamente a finales de la vista, no consiguió la absolución de su cliente. Todo ello, fue una pura fanfarronada. El historial del reputado penalista le ha desautorizado, su estrategia procesal se ha convertido en un desacierto, tan confuso, como bien pagado por un cliente, al que, encima, se permite despreciar. El patinazo de Melero confirma todo lo que dicta el sentido común: que el abogado, en un juicio político, no es más que una figura ornamental y un colaborador necesario para que el simulacro del aparato procesal parezca auténtico y justo. Pero, unos juegos de palabras nunca podrán sustituir la constatación de la verdad, ni las astucias de un penalista reputado, tendrán fuerza para cambiar la finalidad política del proceso.

Durante el franquismo, en el que sí había presos políticos radicales, se formó un colectivo de abogados, que combatir la represión del TOP con actitudes y comportamientos beligerantes. Sus integrantes pusieron en práctica los juicios «de ruptura» en contra de los «de concordia o connivencia». Se enfrentaban con valentía al tribunal, jugándose su propia libertad, porque sabían que la sentencia ya estaba escrita y que los magistrados no daban ningún valor a las pruebas practicadas. Se les imponían multas, expulsiones, procesamientos, sanciones administrativas y, todos ellos, eran controlados escrupulosamente por la policía. Eran tiempos de gran represión, en los que los reclusos morían en las cárceles, de debilidad, agarrotados, o, se les llevaba directamente a los pelotones de fusilamiento. En aquella época Melero era funcionario de prisiones, partícipe de excepción de las vejaciones, la miseria y el hacinamiento de los presos. Después se hizo abogado.

Melero, en el libro que acaba de publicar afirma que «el juicio del Proceso ha sido justo, pero la sentencia injusta»: un intento de quedar bien con unos y con los otros: con sus clientes, y con el tribunal. Pero esto no se aguanta ni con pegamento ‘inmedio’. La sentencia es una parte inseparable del proceso. Melero, no deja de hacer declaraciones políticas a los medios de comunicación, despreciando el independentismo, que le paga la minuta. Su afán de protagonismo le ha llevado a despreciar a los abogados independentistas con estas palabras: «espero que todos ellos hayan puesto en sus minutas pluses patrióticos» o, tal y como manifestó por RAC1: «prefiero salir de copas con Marchena, Zaragoza , Moreno y Madrigal, que con mis clientes «.

No resulta racional que alguien, unionista, antisoberanista, promotor de Ciudadanos, integrado en el mismo sistema que ha encarcelado a su cliente, suba al estrado a defenderlo en contra de sus verdugos. Tampoco resulta coherente, que Joaquim Forn, licenciado en Derecho, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ​​primer teniente de alcalde con Xavier Trias y consejero de Interior del gobierno Puigdemont, haya podido caer en esta trampa tan pueril como absurda. Mientras tanto, Javier Melero escribe libros, con títulos convencionales, a costa de su cliente. Le propongo un nuevo título original para poner fin dignamente a su carrera literaria. Se titula así: ‘Pasaporte hacia la Nada’.