EL MÁS PODRIDO DE TODOS

En su eterna campaña electoral Pedro Sánchez proclama la unidad de España en su discurso. Propone esencialmente la aplicación del artículo 155 y la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El día en que el dictador se fue con las bestias del averno fue el 20 de noviembre de 1975. Una jornada aciaga para los unos y gloriosa para los demás. Los que habían jurado sobre el evangelio su lealtad, desayunaron vino de misa y obleas para levantar su espíritu. Los que fueron víctimas de su bárbaro reconquistar lo hicieron con bocadillos de chorizo ​​y champán barato. El Caudillo fue sepultado en aquel mausoleo infamante que se hizo erigir él mismo junto a miles de sus víctimas. A su entierro acudieron fascistas, requetés, mandos de Falange, militares rebeldes y estúpidos de todo tipo en olor de santidad.

Franco promovió una guerra que causó un millón de muertos. Llamó bondad a la obediencia, orden al silencio, progreso a la destrucción, y ejecutó en nombre de la paz a todos los que quisieron ser libres. Franco, para expoliar a España, tuvo que partirla en dos. La justificación del sátrapa a su genocidio fue la de extirpar las nauseabundas herejías del liberalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo.
Se han dicho muchas cosas respecto a su inminente exhumación aprobada por el Congreso de los diputados. Aun así, ahora surgen espíritus, exhalados por la política y trillados por la vida, que aún mantienen su lealtad. Pero ni unos ni otros han dado a conocer que Franco fue el mayor de los corruptos, un tarado amoral que no tenía conciencia de su propia putridez. Creía que todo lo que había en España le pertenecía. Inventó un expolio que lo convirtió en multimillonario. El Caudillo recibía en El Prado las almas vivientes que habían pedido audiencia previa la advertencia de su jefe de protocolo que debían cumplimentar con un presente como señal de respeto y complacencia. Añadía que el éxito de la entrevista dependía del valor de cada ofrenda.

El precio de los obsequios, joyas y lingotes de oro incluidos, ascendía cada semana a unos dos millones de las antiguas pesetas. Pero no todo su patrimonio lo consiguió así: el tirano instituyó la figura de los prisioneros de pago, a cambio de liberarlos del garrote vil, rapiñaba copiosos rescates. También ideó la «donación forzosa». Proclamó un real decreto obligando a sus súbditos a obsequiarle con sus propiedades. De esta se le adjudicó el Pazo de Meirás, una pequeña fracción de un patrimonio valorado en más de seiscientos millones de euros. El clan de los Franco hoy todavía controla una compleja red de sociedades mercantiles, constructoras, inmuebles, aparcamientos, clínicas y compañías de telecomunicación además de abundantes valores depositados en bancos internacionales.

Wilson Churchill manifestó que el castigo por los crímenes de guerra era el objetivo primordial de la justicia. Nadie puede comprender que los herederos de Hitler, Mussolini, Hussein o Ceausescu puedan rentabilizar unos bienes hereditarios expoliados a la ciudadanía. Pero España sigue siendo diferente. Los miembros del ejecutivo, los jueces y los partidos políticos tienen prohibido proceder en justicia contra los herederos de Franco. Los diversos gobiernos en apariencia progresistas de la católica España continúan imponiendo el pacto de «el olvido y el perdón» que negociaron los herederos del dictador con el Partido Comunista, el rey Juan Carlos I y el gobierno de Felipe González durante la transición.

LA POLITIZACIÓN DEL ODIO

Tras el ‘Visto para sentencia’ la consabida frase de Manuel Marchena que puso fin al juicio del Procés, el pueblo de Cataluña tomó conciencia de la existencia de dos políticas contrapuestas entre España y Cataluña. De una parte la represión cuya espada de Damocles constituye una amenaza de muerte en refriega constante con las esperanzas de independencia, paz y república invocadas por la mayoría de catalanes. Dos posturas antagónicas que muestran la concurrencia de una guerra fría fundamentada en el odio que devendrá en una contienda a campo abierto contra la represión de un sistema borbónico basado en el unionismo, la destrucción y el rencor de los que quieren aniquilar nuestra Nación.

Al final de la interminable vista oral de la Sala 2ª del TS se pusieron en evidencia una serie de vestigios que marcan la condena de los patriotas presos por rebelión, un hecho que ha dado que pensar a los más incrédulos y ha abierto los ojos de los más reacios. Un veredicto anunciado que indicará, inexorablemente, el principio de la sublevación frente a la tiranía y la injusticia. Así lo predijeron los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal obsesionados en mantener la acusación por este delito contra los inculpados sin que, en modo alguno, hayan probado su comisión.ElMinisterio Públicono modificó ni una sola de sus conclusiones provisionales respecto al veredicto. Quiso dejar muy claro que su calificación jurídica se concretaba en el delito de rebelión y, consecuentemente, en la responsabilidad penal de Oriol JunquerasCarme Forcadell,  Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 

Según palabras del propio Marchena, el Tribunal tiene elementos más que suficientes para tipificar el delito de rebelión: la actuación pasiva de la policía autonómica en los colegios electorales el día del referendo, la inactividad ordenada como estrategia política por la Generalitat y la utilización de medios violentos, al quedar probada la existencia de un cuerpo armado –los mossos- al servicio de los presuntos rebeldes. La sentencia que ya está escrita será larga, dura y pareja. Se fundamentará en cuatro bloques a modo de cimentación para intentar engañar a las instancias europeas: la actuación de los mossos, el mandato del Govern, las decisiones del Parlament y el papel activo de las asociaciones independentistas. El desarrollo de estas cuatro cuestiones confrontará la espina dorsal de la decisión judicial que emitirán los arcaicos jueces que confortan el Tribunal y que parecen haber sido exhumados del Valle de los Caídos.

La sentencia no constituirá el final del Procés, sino el principio del fin. El pacifismo se transformará en una larga sublevación que no cederá hasta que la voluntad popular se libere del régimen borbónico-franquista. Una consecuencia lógica de lo que impondrá Marchena y los otros buitres togados de la Sala para mantener la unidad de España. Se verá entonces si los magistrados optan por el We shall overcome, el himno de la desobediencia civil que invocó Josep Rull en su alegato final, o por la casi idéntica arenga del We shall prevail que Consuelo Madrigal citó en algunos de sus discursos. Sin embargo otros inequívocos acuerdos de la Sala o de la Junta Electoral Central (JEC) avalan la creencia popular cada vez más mayoritaria de que el Fallo ya está dictado. 

Da fe de todo ello el regreso forzoso a la cárcel de Soto del Real de Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras tras jurar por imperativo legal su acatamiento a la Constitución. O el mandato contrario a ley que obliga a Carles Puigdemont y a Antoni Comín a comparecer personalmente a la JEC para aceptar el mandato de eurodiputados electos con el único fin de ser detenidos e ingresados en prisión. España ha iniciado la politización del odio declarando oficialmente la guerra a Cataluña. A partir de ahora los combates serán más directos y constantes aunque no armados porque en el siglo XXI no existen las contiendas a la bayoneta, ni las batallas en el mar, ni se bombardean ciudades. Será un conflicto sucio y perverso por parte del invasor. Mentiras, calumnias, amenazas, ataques personales, impago de deudas, medidas coercitivas, aumento del expolio, persecución a los ayuntamientos insumisos y la reimplantación del artº 155 como estandarte del estado de guerra. 

Cuando la tiranía, en nombre del poder y de la historia, se convierte en un camino de rencor y represión hacia la muerte, surge la rebelión en nombre de la libertad y de la vida. Porque la verdadera generosidad para con el futuro consiste en darlo todo en el presente. 

JAIME ALONSO CUEVILLAS, DE LA TELE AL PARLAMENTO

La última y única vez que estuve con Jaime Alonso Cuevillas fue en 1997 cuando era Decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Lo fue por poco tiempo, ya que su mandato fue suspendido a raíz de  varias querellas que le interpusieron Montserrat Avilés y otros diputados de la Junta de Gobierno. La causa: El cobro irregular de dietas como decano, el pago de una encuesta electoral de su candidatura y el desvío de fondos de las cuentas colegiales para costear la restauración de su despacho. Las denuncias devinieron en inútiles, al ser archivadas por jueces cercanos a la retaguardia del Opus Dei y la Falange, tras muchos recursos, incidentes y otras vicisitudes procesales que duraron más de un año. 

En la causa de la Audiencia de Barcelona, el Fiscal solicitó para Cuevillas penas de cárcel e inhabilitación superiores a cuatro años. Hijo de un jerarca de la FET y de las JONS, fue absuelto por ser quien era, pero el Tribunal en la sentencia le afeó su conducta de deslealtad profesional. En aquella época, ni se llamaba Jaume como ahora, ni gritaba ‘Visca Catalunya’, sino todo lo contrario. Llevaba alrededor de la muñeca una bandera española, y su toga, pútrida y rancia, despedía un fuerte olor a naftalina. Tampoco logró su mayor anhelo: salir en la televisión como comentarista de opinión como hace ahora, revelando a la audiencia secretos profesionales de cariz procesal.       

Cuando fue contratado por el President Puigdemont para formar parte del colectivo de abogados para su defensa –el buen hacer burocrático de Cuevillas no se debate- por obra y gracia del Procés, se convirtió en un independentista radical, en un demócrata de toda la vida, en un tertuliano clarividente y lúcido y, por encima de todo, en un cómico excéntrico y chocarrero, pletórico de gestos y dichos extravagantes. En su patética aparición en el programa de TV3, ’La nit dels Oscars’, quiso emular a Andreu y Dalmau, sus protagonistas, con un papanatismo más propio de un pasmarote que de un jurista.

Pero la hazaña más relevante que reveló políticamente su imagen, fue cuando invitó a Steven C. Krane, decano de los abogados de Nueva York, para entregarle la medalla honorífica del ICAB barcelonés. Krane, republicano y ‘fascistoide’, era un  tragaldabas que permanentemente soñaba con ser Presidente de los EE.UU mientras devoraba hamburguesas. Con el beneplácito de Cuevillas que aplaudía todas sus sandeces se proclamó a si mismo protector de los buenos frente a los malos, defensor de los ricos en contra de la maldad de los pobres, protector de los blancos de las fechorías de los negros y paladín de la gente de bien en defensa de la virulencia de los hispanos. Krane solventaba aquellas injusticias sociales con la pena de muerte o la cárcel de Guantánamo.

Víctor Amela en ‘La contra’ de ‘La Vanguardia’ (maldita hemeroteca, pensará Cuevillas) lo definió así:

-‘Krane es directo y franco: aplaude la guerra preventiva de Irak y las medidas impuestas por Bush para los terroristas de Guantánamo porque, según afirma, ‘se les concede más garantías de las que se merecen’, y es un ferviente defensor de la pena de muerte porque ‘evita que los asesinos vuelvan a delinquir’.”

Fue la única vez que Cuevillas mezcló el derecho con la política. Impuso la condecoración a Krane en un acto público y solemne presidido por las autoridades gubernativas y judiciales de entonces. Los medios informativos se hicieron eco de las palabras pronunciadas por aquel peculiar letrado estadounidense de extrema derecha.Pensé entonces que, como compensación a tan alta distinción, Krane tendría que obsequiar a Cuevillas a presenciar como invitado especial algunas ejecuciones en los mejores patíbulos de América. Así comprobaría la belleza de la silla eléctrica en funcionamiento, el agridulce olor de la cámara de gas y la sobriedad de la inyección letal. Sería testigo de excepción del mejor de los sistemas de redención de los reos: la muerte.

Para muchos, la justicia sigue siendo un cachondeo pero en realidad no es así. En nuestro entorno judicial no existe engaño. Existe un porcentaje muy elevado de ciudadanos que conocen el ideario social y político de casi todos ellos. El posible fingimiento de algunos magistrados siempre o casi siempre es descubierto. Pero no ocurre lo mismo con el poder legislativo. La mayoría de políticos son trepas que pugnan por alcanzar sus intereses personales. Lo que se oculta tras sus rostros es un enigma indescifrable y misterioso.

Así lo acredita la designación a dedo de Cuevillas por el presidente Puigdemont para encabezar la lista de candidatos de La Crida – su nuevo partido para el Congreso-  sin el beneplácito de sus bases ni de los vecinos de Girona. Son muchos los diputados y senadores que no dicen lo que piensan ni creen en las propuestas que tienen que defender. Tanto Cuevillas como Krane debieran reflexionar sobre lo que su admirado presidente Reagan dijo una vez en plena borrachera: la política es la profesión más baja, mezquina y despreciable de todas las que existen. En ella hay adversarios y correligionarios pero los segundos son los más perversos y peligrosos.