LA POLITIZACIÓN DEL ODIO

Tras el ‘Visto para sentencia’ la consabida frase de Manuel Marchena que puso fin al juicio del Procés, el pueblo de Cataluña tomó conciencia de la existencia de dos políticas contrapuestas entre España y Cataluña. De una parte la represión cuya espada de Damocles constituye una amenaza de muerte en refriega constante con las esperanzas de independencia, paz y república invocadas por la mayoría de catalanes. Dos posturas antagónicas que muestran la concurrencia de una guerra fría fundamentada en el odio que devendrá en una contienda a campo abierto contra la represión de un sistema borbónico basado en el unionismo, la destrucción y el rencor de los que quieren aniquilar nuestra Nación.

Al final de la interminable vista oral de la Sala 2ª del TS se pusieron en evidencia una serie de vestigios que marcan la condena de los patriotas presos por rebelión, un hecho que ha dado que pensar a los más incrédulos y ha abierto los ojos de los más reacios. Un veredicto anunciado que indicará, inexorablemente, el principio de la sublevación frente a la tiranía y la injusticia. Así lo predijeron los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal obsesionados en mantener la acusación por este delito contra los inculpados sin que, en modo alguno, hayan probado su comisión.ElMinisterio Públicono modificó ni una sola de sus conclusiones provisionales respecto al veredicto. Quiso dejar muy claro que su calificación jurídica se concretaba en el delito de rebelión y, consecuentemente, en la responsabilidad penal de Oriol JunquerasCarme Forcadell,  Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 

Según palabras del propio Marchena, el Tribunal tiene elementos más que suficientes para tipificar el delito de rebelión: la actuación pasiva de la policía autonómica en los colegios electorales el día del referendo, la inactividad ordenada como estrategia política por la Generalitat y la utilización de medios violentos, al quedar probada la existencia de un cuerpo armado –los mossos- al servicio de los presuntos rebeldes. La sentencia que ya está escrita será larga, dura y pareja. Se fundamentará en cuatro bloques a modo de cimentación para intentar engañar a las instancias europeas: la actuación de los mossos, el mandato del Govern, las decisiones del Parlament y el papel activo de las asociaciones independentistas. El desarrollo de estas cuatro cuestiones confrontará la espina dorsal de la decisión judicial que emitirán los arcaicos jueces que confortan el Tribunal y que parecen haber sido exhumados del Valle de los Caídos.

La sentencia no constituirá el final del Procés, sino el principio del fin. El pacifismo se transformará en una larga sublevación que no cederá hasta que la voluntad popular se libere del régimen borbónico-franquista. Una consecuencia lógica de lo que impondrá Marchena y los otros buitres togados de la Sala para mantener la unidad de España. Se verá entonces si los magistrados optan por el We shall overcome, el himno de la desobediencia civil que invocó Josep Rull en su alegato final, o por la casi idéntica arenga del We shall prevail que Consuelo Madrigal citó en algunos de sus discursos. Sin embargo otros inequívocos acuerdos de la Sala o de la Junta Electoral Central (JEC) avalan la creencia popular cada vez más mayoritaria de que el Fallo ya está dictado. 

Da fe de todo ello el regreso forzoso a la cárcel de Soto del Real de Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras tras jurar por imperativo legal su acatamiento a la Constitución. O el mandato contrario a ley que obliga a Carles Puigdemont y a Antoni Comín a comparecer personalmente a la JEC para aceptar el mandato de eurodiputados electos con el único fin de ser detenidos e ingresados en prisión. España ha iniciado la politización del odio declarando oficialmente la guerra a Cataluña. A partir de ahora los combates serán más directos y constantes aunque no armados porque en el siglo XXI no existen las contiendas a la bayoneta, ni las batallas en el mar, ni se bombardean ciudades. Será un conflicto sucio y perverso por parte del invasor. Mentiras, calumnias, amenazas, ataques personales, impago de deudas, medidas coercitivas, aumento del expolio, persecución a los ayuntamientos insumisos y la reimplantación del artº 155 como estandarte del estado de guerra. 

Cuando la tiranía, en nombre del poder y de la historia, se convierte en un camino de rencor y represión hacia la muerte, surge la rebelión en nombre de la libertad y de la vida. Porque la verdadera generosidad para con el futuro consiste en darlo todo en el presente. 

JAIME ALONSO CUEVILLAS, DE LA TELE AL PARLAMENTO

La última y única vez que estuve con Jaime Alonso Cuevillas fue en 1997 cuando era Decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Lo fue por poco tiempo, ya que su mandato fue suspendido a raíz de  varias querellas que le interpusieron Montserrat Avilés y otros diputados de la Junta de Gobierno. La causa: El cobro irregular de dietas como decano, el pago de una encuesta electoral de su candidatura y el desvío de fondos de las cuentas colegiales para costear la restauración de su despacho. Las denuncias devinieron en inútiles, al ser archivadas por jueces cercanos a la retaguardia del Opus Dei y la Falange, tras muchos recursos, incidentes y otras vicisitudes procesales que duraron más de un año. 

En la causa de la Audiencia de Barcelona, el Fiscal solicitó para Cuevillas penas de cárcel e inhabilitación superiores a cuatro años. Hijo de un jerarca de la FET y de las JONS, fue absuelto por ser quien era, pero el Tribunal en la sentencia le afeó su conducta de deslealtad profesional. En aquella época, ni se llamaba Jaume como ahora, ni gritaba ‘Visca Catalunya’, sino todo lo contrario. Llevaba alrededor de la muñeca una bandera española, y su toga, pútrida y rancia, despedía un fuerte olor a naftalina. Tampoco logró su mayor anhelo: salir en la televisión como comentarista de opinión como hace ahora, revelando a la audiencia secretos profesionales de cariz procesal.       

Cuando fue contratado por el President Puigdemont para formar parte del colectivo de abogados para su defensa –el buen hacer burocrático de Cuevillas no se debate- por obra y gracia del Procés, se convirtió en un independentista radical, en un demócrata de toda la vida, en un tertuliano clarividente y lúcido y, por encima de todo, en un cómico excéntrico y chocarrero, pletórico de gestos y dichos extravagantes. En su patética aparición en el programa de TV3, ’La nit dels Oscars’, quiso emular a Andreu y Dalmau, sus protagonistas, con un papanatismo más propio de un pasmarote que de un jurista.

Pero la hazaña más relevante que reveló políticamente su imagen, fue cuando invitó a Steven C. Krane, decano de los abogados de Nueva York, para entregarle la medalla honorífica del ICAB barcelonés. Krane, republicano y ‘fascistoide’, era un  tragaldabas que permanentemente soñaba con ser Presidente de los EE.UU mientras devoraba hamburguesas. Con el beneplácito de Cuevillas que aplaudía todas sus sandeces se proclamó a si mismo protector de los buenos frente a los malos, defensor de los ricos en contra de la maldad de los pobres, protector de los blancos de las fechorías de los negros y paladín de la gente de bien en defensa de la virulencia de los hispanos. Krane solventaba aquellas injusticias sociales con la pena de muerte o la cárcel de Guantánamo.

Víctor Amela en ‘La contra’ de ‘La Vanguardia’ (maldita hemeroteca, pensará Cuevillas) lo definió así:

-‘Krane es directo y franco: aplaude la guerra preventiva de Irak y las medidas impuestas por Bush para los terroristas de Guantánamo porque, según afirma, ‘se les concede más garantías de las que se merecen’, y es un ferviente defensor de la pena de muerte porque ‘evita que los asesinos vuelvan a delinquir’.”

Fue la única vez que Cuevillas mezcló el derecho con la política. Impuso la condecoración a Krane en un acto público y solemne presidido por las autoridades gubernativas y judiciales de entonces. Los medios informativos se hicieron eco de las palabras pronunciadas por aquel peculiar letrado estadounidense de extrema derecha.Pensé entonces que, como compensación a tan alta distinción, Krane tendría que obsequiar a Cuevillas a presenciar como invitado especial algunas ejecuciones en los mejores patíbulos de América. Así comprobaría la belleza de la silla eléctrica en funcionamiento, el agridulce olor de la cámara de gas y la sobriedad de la inyección letal. Sería testigo de excepción del mejor de los sistemas de redención de los reos: la muerte.

Para muchos, la justicia sigue siendo un cachondeo pero en realidad no es así. En nuestro entorno judicial no existe engaño. Existe un porcentaje muy elevado de ciudadanos que conocen el ideario social y político de casi todos ellos. El posible fingimiento de algunos magistrados siempre o casi siempre es descubierto. Pero no ocurre lo mismo con el poder legislativo. La mayoría de políticos son trepas que pugnan por alcanzar sus intereses personales. Lo que se oculta tras sus rostros es un enigma indescifrable y misterioso.

Así lo acredita la designación a dedo de Cuevillas por el presidente Puigdemont para encabezar la lista de candidatos de La Crida – su nuevo partido para el Congreso-  sin el beneplácito de sus bases ni de los vecinos de Girona. Son muchos los diputados y senadores que no dicen lo que piensan ni creen en las propuestas que tienen que defender. Tanto Cuevillas como Krane debieran reflexionar sobre lo que su admirado presidente Reagan dijo una vez en plena borrachera: la política es la profesión más baja, mezquina y despreciable de todas las que existen. En ella hay adversarios y correligionarios pero los segundos son los más perversos y peligrosos. 

NO SE HIZO NINGUNA HUELGA: FUE UNA MOVILIZACIÓN GENERAL

Según escribió Alex Tort en la ‘Vanguardia’ de hace pocos días, la noticia de la manifestación del pasado 21 de febrero en Cataluña tenía dos titulares: El primero, de cariz sindicalista con el lema “Vaga general. Sense drets no hi ha llibertats” y el segundo, claramente soberanista con eslóganes similares a “Tombem el règim” o “Ho tornaríem a fer”. 

           Los medios televisivos y los periódicos más afines al unionismo y contrarios al derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos destacaron la parte negativa del acontecimiento: ‘fracaso absoluto de la huelga general’, ‘la mayoría de comercios operaron con predominante normalidad; ‘en los barrios abrieron todas las tiendas’… ’En el paseo de Gracia – pusieron como ejemplo – hubieron fuertes enfrentamientos con la policía que causaron 53 heridos por agresiones’. Pero se olvidaron de publicar que decenas de miles de personas convocadas por ‘Òmnium Cultural’ y la ‘ANC’ se manifestaron en diferentes puntos de Cataluña como protesta por el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas catalanes. En Barcelona, la marcha unitaria congregó a unas 40.000 personas según la Guardia Urbana, cifra que los organizadores elevaron a 200.000. En Girona fueron 70.000, según estimaciones de la Policía Local y en Lléida y Tarragona tres cuartos de lo mismo. Fue sin duda alguna un triunfo de la democracia frente al totalitarismo y la oligarquía del Estado opresor.

El error fue de inicio. La huelga no prosperó porque se anunció como lo que no era, un conflicto laboral, mientras que la movilización general fue un éxito en toda Cataluña. Pero la causa del fracaso de la desocupación fue la convocatoria de huelga general – craso error- que efectúo Carles Sastre secretario general del sindicato ‘Intersindical CSC’, antiguo miembro del ‘Exèrcit Popular Català –me remonto a la década de los 70- y condenado a 30 años de cárcel como coautor del asesinato de José María Bultó, un empresario barcelonés al cual explosionó una bomba en el pecho. Años más tarde, Sastre, fue condenado a otros 18 años por pertenencia a banda armada. En total 48 años de condena que le obligaron a recorrer miles de kilómetros hacia la derecha para pasar de ser un revolucionario independentista a un líder convergente de un sindicato minoritario con pretensiones políticas conservadoras.

La huelga es un derecho que la Constitución reconoce a los trabajadores que consiste en la cesación temporal, colectiva y concertada de la prestación del trabajo como medida de presión en defensa de sus intereses. No lo digo yo; lo dice la ley y la doctrina del desprestigiado tribunal de garantías. Ahora bien, la normativa existente considera ilegales las huelgas que se planteen con fines ajenos al interés profesional de los asalariados. En concreto las huelgas políticas y, en algunos supuestos, las solidarias. 

Sastre, conocedor de estas excepciones, convocó la huelga con el lema «Sense drets no hi ha llibertat», reivindicando presuntamente la derogación de la reforma laboral, un salario mínimo de 1.200, la recuperación de las leyes sociales anuladas por el TC, la igualdad de trato y oportunidades a hombres y mujeres en los centros de trabajo y un servicio publico de calidad y con unas condiciones laborales dignas. 

Una vez más fue el pueblo quien con su presencia masiva en la calle salvó la situación. Ya lo escribí una vez: Personalmente creo en el pueblo de Cataluña, pero no en sus mandatarios. Creo que todo esta dicho. En Cataluña sobran políticos partidistas que se aprovechan del proceso independentista, y que utilizan la buena fe de sus ciudadanos para mantener sus privilegios y los beneficios materiales inherentes a sus cargos. Son personajes ‘non gratos’, carentes de principios y sentido común, que no se merecen mi respeto ni consideración. Pero existen otros aún peores. Los de segunda fila: los que solo quieren medrar para sustituir a sus caudillos y que, ni tan siquiera, saben mentir.