LAS ARGUCIAS DE MARCHENA

A los miles de espectadores que siguen por Canal 3/24 el juicio del Procés les debe causar la impresión de estar rememorando una recepción palaciega de Felipe V, celebrada con solemnidad, pompa y esplendor, más que una causa penal del siglo XXI. ‘Con la venia del excelentísimo señor Presidente’, ‘su excelencia tiene la palabra’, ’conteste al excelentísimo fiscal’ son algunas de las farisaicas expresiones que con frecuencia, y con un énfasis desmedido y redundante, se repiten en la sala de vistas del Tribunal Supremo. Los observadores europeos se deben quedar atónitos al contemplar este insólito y fantasmagórico espectáculo de comedia de figurón, ya que en sus territorios, las partes se dirigen al tribunal para pedir la venia usando‘Sir’ en el Reino Unido, o ‘Monsieur’ en los países francófilos. Es decir, con solo un simple ‘Señor’ basta.

El presidente del Tribunal, Manuel Marchena -ceremonioso y doctoral, lapidario y sentencioso- odia mortalmente a los independentistas. Rebosa por sus poros la esencia del PP. Imputó en el caso de los ERE de Andalucía a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Expulsó de la carrera judicial a Baltasar Garzón por las escuchas de la Gürtel. Encarceló a Iñaki Urdangarin y a Rodrigo Rato rechazando los recursos contra sus condenas. Participó activamente en las causas abiertas contra los líderes soberanistas de Cataluña. Condenó a 13 meses de cárcel a Francesc Homs. Admitió la querella por rebelión contra los miembros de la Mesa del Parlament e hizo suya la causa que Carmen Lamela instruyó contra Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno. Con estos antecedentes resulta inimaginable creer en su rectitud e imparcialidad.

Como Marchena intuye que su actuación procesal está siendo analizada por los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inexorablemente pondrán fin al Procés, prioriza el cuidado de las formas y aparenta ser neutral. Pero lo cierto es que por temor a las represalias nadie lo ha denunciado aún por infringir y quebrantar el ordenamiento jurídico. La ley de enjuiciamiento criminal, de obligado cumplimiento para los jueces, conmina al Presidente a dirigir los debates sin coartar la libertad de los abogados defensores, cosa que no hace, a fin de que éstos puedan ejercer con independencia su derecho de defensa.

La última cuestión tantas veces controvertida sobre la exhibición de los videos a los testigos, está resuelta por la citada ley procesal de forma clara y contundente: ’Cuando las partes soliciten –proclama- que los testigos reconozcan los instrumentos, efectos del delito o cualquiera otra pieza de convicción, si hubiere contradicción, el juez requerirá al testigo para que explique las diferencias que se observen’. Marchena conoce la Ley a la perfección, por lo que no ignora que al actuar así, puede estar cometiendo un delito de prevaricación. Según el Código penal estas infracciones las realiza el juez que dicta, ‘a sabiendas resoluciones manifiestamente injustas que se apartan claramente de lo que la ley dispone’. Exactamente lo que hace él.

LOS FISCALES DE LA VERGÜENZA

Los fiscales deben desempeñar su cargo con imparcialidad y tolerancia, y sus preguntas, en ningún caso, pueden ser capciosas, sugestivas ni impertinentes. Eso no lo digo yo; lo ordena la ley. En el siglo XVI los inquisidores de oficio pedían las penas más graves para los reos. Con frecuencia la muerte en la hoguera. El inquisidor de oficio tenía que saber los cánones, conocer los delitos y actuar en estrecha colaboración con los jueces. Los miembros de aquella tétrica institución eran sobrios, herméticos, sibilinos, esotéricos y diligentes, vivían clandestinamente y tenían que guardar un culto acérrimo a la justicia. Los acusadores públicos de antaño guardaban su identidad en secreto. Ahora salen por televisión.

Emulando al profesor Alejandro Nieto de la Complutense de Madrid les diré que los fiscales son los impulsores de la máquina judicial, los pesos pesados del derecho que arrastran la carga de los cientos y cientos de años de cárcel que impusieron a sus víctimas. Son tan imprevisibles y peligrosos como un tornillo suelto dentro de una máquina: chocan por todas partes. Los hay que cumpliendo instrucciones superiores, intervienen descaradamente en los sumarios para paralizar la actuación del instructor (casos Guerra o Lasa-Zabala) mientras que en otros procesos atacan sin cuartel hasta cobrarse la pieza (Roldán o Conde). Hay fiscales que de alguaciles se convierten en ‘alguacilados’ (Márquez de Prada, Gordillo) y otros que venden su conciencia a un postor político mancillando un pasado inmaculado,  como Fernández Villarejo. 

Durante mi largo recorrido por la encrucijada de la justicia he conocido inquisidores de todos los colores. He soportado a miles de fiscales atormentados por su oficio de ajusticiar que llevan a cuestas el cáliz de su amargura. Pero ninguno de ellos es comparable con Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, los acusadores del juicio del procès cuyo odio mortal a los independentistas les priva de su neutralidad. Se me antoja una cuatrinca vergonzosa y patética. Maestrillos mojigatos, vestidos con sotana o hábito monjil, les inculcaron en la posguerra los principios de la unidad de España y del nacional-catolicismo. Pero la peor de esta cuadrilla es Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado impuesta por Rajoy, antifeminista inconciliable con el aborto, de naturaleza dogmática, integrista y ultra-conservadora.

Pero lo imperdonable, lo que ha herido gravemente la voz de la conciencia colectiva, ha sido la manipulación que se ha llevado a cabo con los testigos. Para transformar simples concentraciones ciudadanas  en delitos de rebelión se ha obligado a miles de policías y guardias civiles a relatar hechos contrarios a la verdad. Sus respuestas son idénticas: ‘la masa’, ‘actitud hostil’, ‘miradas de odio’, ‘muralla humana’, ‘fascistas, asesinos, terroristas’… Algo tan evidente como indudable al borde del delito. Otro capítulo negro del juicio más falso, ignominioso y vil de nuestra historia.

LAS QUEJAS DEL MINISTRO

El Ministro del Interior del Gobierno socialista de Pedro Sánchez puso el grito en el cielo al conocer la noticia: el Ayuntamiento de Barcelona había colocado una placa en memoria de los miles y miles de personas que fueron torturadas en la Jefatura Superior de Policía durante los interrogatorios. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, consideró que Ada Colau además de entrometida era indiscreta, falsa e inoportuna. Negó estos lúgubres episodios que torturados y sus verdugos revelaron desde la clandestinidad y que ahora eran testimonios de dominio público. En las celdas de Via Laietana, los miembros de la Brigada político-social franquista practicaban entre otros tormentos la gota serena, la bañera, la empulguera, el torno y la picana. Los probos funcionarios que exigieron al Ministro que la placa fuese retirada son miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), los mismos que ahora mienten y calumnian en el juicio al Procés. Quemaron el tablero porque su contenido ‘representaba una estigmación al colectivo de policías nacionales».

Grande-Marlaska no pudo contener sus impulsos. Los policías tenían razón, concluyó. Remitió una carta de queja a la alcaldesa proclamando, entre  otras lindezas, el peligro que suponía confundir instituciones democráticas del Estado con un régimen político del pasado. Añadió que desde 1978 la Jefatura de Via Laietana era un lugar de trabajo modélico en el que muchos hombres y mujeres valerosos defienden la Constitución. Este singular ministro, reconvertido al PSOE de Sánchez, recibió respuesta a sus reaccionarias quejas. Debió fulminar con la mirada a la maldita hemeroteca con el mismo odio que los rebeldes o sediciosos catalanes dirigieron a la Guardia civil. A partir de su nombramiento como juez en la Audiencia Nacional surgieron cientos de despropósitos y desatinos:

Mandó detener a los empresarios Azpiroz y Saralegui  por pagar el impuesto revolucionario a ETA, prohibió manifestaciones en Euskadi en contra el criterio del Fiscal general del Estado, citó a declarar a Arnaldo Otegi y a otros líderes de la izquierda abertzale, por convocar una rueda de prensa en pleno proceso de paz, desautorizó el congreso de Batasuna, arrestó a Gorka Agirre, dirigente del PNV, como presunto miembro de la trama de extorsión de ETA y prohibió una conferencia del ya citado Otegi en el  Foro Tribuna Barcelona. Pero su mayor muestra de liberalidad y democracia fue la incoación de un sumario por un delito de injurias al príncipe heredero contra los humoristas de ‘El jueves’ Manel Fontdevila y Guillermo Torres. A pesar de todo ello, los altos mandatarios de la Justicia de España consideraron que tenía méritos más que suficientes para ocupar un cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial.

Al Ministro del Interior socialista, a quien muchos ciudadanos consideran un político demócrata, equitativo y liberal, se le ha quitado la máscara. Grande-Marlaska se ha mostrado como lo que es. Un glorioso y destacado miembro del bando franquista que no ha dudado en defender a los torturadores de Via Laietana frente a sus víctimas. Su lapidaria frase, ya no existen las cloacas del Estado, así lo acredita.