INSIGNES IGNORANTES

A los nacidos en la década de los 30 del siglo veinte les llamaban niños de la guerra. Nunca entraron en combate pero si fueron discípulos del miedo, el hambre y la metralla. A Franco le preocupaba más que hablaran catalán, que el hambre, el frío y la angustia que pasaban. El dictador creyó siempre -el rey Borbón opina igual- que el independentismo conduce irremediablemente al comunismo, destructor de la unidad y grandeza de la patria. En la escuela se practicó la censura histórica. Los libros de texto omitían cualquier referencia a la Generalitat, la ejecución de Companys, los fusilamientos del campo de la Bota o los cupones de racionamiento.

La censura franquista mutiló canciones, cortó películas y aniquiló ilusiones. La condena de la historia dejó en blanco, durante dos siglos, la memoria de millones de personas de este país. Por ello, muchos ciudadanos ignoran que el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys proclamó la República Catalana. Ese día, el Presidente de la Generalitat asumió el poder en Cataluña y proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española. Escasas horas después, el Gobierno de Madrid reprimía mediante las armas, aquella rebelión popular.

Fueron detenidos, además de Companys, los miembros del gobierno y todos los diputados, alcaldes y concejales implicados en la insurgencia. El ejército sofocó rápidamente el levantamiento. Sin posibilidad de victoria, los consejeros de la Generalidad se rindieron. El Tribunal, por catorce votos contra siete, los condenó a treinta años de prisión, aunque se formularon cinco votos particulares a favor de la absolución. Los objetores consideraron que se trataba de un acto político lícito y sin contenido penal. Mientras tanto, el Estatuto era suspendido y la Ley de Contratos de Cultivo fue anulada. Unos hechos muy similares a los del juicio del proceso de 2019 con las siguientes diferencias: la gran profesionalidad de los abogados, negociadores y mediadores de los inculpados de 1934 para encontrar soluciones políticas al asunto, en contra de la actividad amateur y poco rigurosa de los mediadores del 2017 que aún hoy no han conseguido ninguna solución.

A diferencia del juicio del proceso, en el que todos los letrados eran amigos o conocidos de los inculpados, al gobierno Companys lo defendieron figuras insignes del mundo político y social de toda España. Se escogieron a conciencia. Integraban el equipo: Ángel Ossorio y Gallardo, Mariano Ruíz-Funes, Luís Jiménez de Asua, Augusto Barcia y, Eugenio Cuello Calón el diputado socialista que redactó el código penal de 1932. Todos, eran abogados humanistas, enemigos de tecnicismos y de la frialdad del derecho. La estrategia de defensa fue la politización del caso para crear un juicio de opinión. No plantearon la causa como un enfrentamiento entre Cataluña y España, sino contra el despotismo de la Liga de Francesc Cambó y de la derecha española. El día 6 de junio, los acusados ​​fueron condenados a 30 años de prisión por rebelión a pesar de que, como los abogados eran grandes negociadores, pocos meses después, Manuel Azaña, presidente del consejo de ministros, los amnistió. Compañys recuperó la presidencia de la Generalitat y el gobierno fue restablecido en olor de multitud.

Ahora todo ha cambiado. La liberación de los presos después de dos años de cautiverio, el retorno de los exiliados y la celebración de un referéndum están en manos de dos eximios ignorantes: Gabriel Rufián de quien Ramón Cotarelo dijo que era más español que la cabra de la Legión ‘, representa a ERC. No tiene otros estudios que un par de cursos de graduado social en la Escuela del Trabajo y algunas trabajos esporádicos en’ el Corte Inglés ‘. Y Adriana Lastra, la apoderada del PSOE al abrigo de Pedro Sánchez, tampoco ha trabajado nunca pero ha ido acumulando millones desde que forma parte de la Ejecutiva Federal de su partido. Frank Capra, en sus películas, exaltó el sueño americano. Por eso doy gracias a todo aquel que de oficinista pasa a ser gerente de una empresa, pero ni la política ni los partidos que la controlan se pueden confundir en una fábrica de calzado.

FARSANTES DE LA POLÍTICA

Después de los contrasentidos que cometió Pedro Sánchez para no pactar con Pablo Iglesias y promover unas nuevas elecciones, son muchos los ciudadanos que afirman que la política se ha convertido en un circo. La vida pública se ha transformado en una lona de tres pistas en la que los que trabajan sufren un estado de desgaste y deterioro inmensurables. Las razones que generaron el resultado no deseado de Rivera, Iglesias y Errejón en los pasados ​​comicios, fueron manifiestas: el cansancio de los votantes, las muchas falacias que se dijeron durante la campaña, y los crueles y despechados insultos a los soberanistas. Dos razones fueron suficientes para justificar el mal hacer de Sánchez. Las negativas constantes a reunirse con Quim Torra, y la exhumación de Franco del ‘Valle de los Caídos’ que le costó más de cincuenta escaños a favor de VOX. Estas dos bagatelas electorales del presidente promovieron, por parte del mundo independentista, nuevas, multitudinarias y radicales acciones de protesta contra la sentencia del proceso.

Lo que el pueblo no comprende es que los políticos digan hoy blanco y mañana hagan negro. Nadie se cree el dogma de fe que Pérez Rubalcaba proclamó en el Congreso de Suresnes, en 74: «La definitiva solución del problema de las naciones que integran el Estado Español -dijo- se resuelve reconociendo el derecho de autodeterminación», una doctrina ahora vilipendiada por los barones del PSOE. Es manifiesto, también, que tanto el conservador Rajoy, como el socialdemócrata Sánchez, secundados por sus fieles sirvientes Llarena, Marchena y los demás jueces politizados del TS, han avivado la llama del odio, la crispación y la intransigencia del pueblo catalán. Si la política «es el arte de gobernar un país» o, como dijo Azaña, «el estadio más elevado de la cultura», en la España posfranquista del rey Borbón esta honorable disciplina nunca ha existido.

La replica más clarificadora y contundente a las indiscriminadas agresiones, físicas y morales a los ciudadanos de Cataluña, la formuló, sorprendentemente, Torra en su alegato final del vergonzoso juicio por desobediencia promovido por VOX. Torra, pasó de ser inculpado a Fiscal. Hizo un análisis magistral, imparcial y crítico del proceso, que los miembros del Tribunal tuvieron que comerse con patatas fritas. Tampoco podemos olvidar a los auténticos protagonistas de esta historia, las víctimas propiciatorias de los tres poderes representados por gobernantes que a medida que pasa el tiempo se convierten en funcionarios. He conocido jueces politizados y diputados de todos colores. Abogados sin clientes, empresarios fracasados, gentes sin oficio ni beneficio, oportunistas o demagogos sin voluntad ni vocación, que han degenerado en politicastros para subsistir.

Otros lo hacen para satisfacer su vanidad en la creencia de que ser mandatario público conlleva la admiración, el respeto y la sumisión de los demás. Pero los ciudadanos abrigan contra ellos, sentimientos violentos de repulsión y de odio. Creo en la política, pero abjuro del sistema corrupto que la regenta, y tengo fe en la justicia, pero no en los magistrados que la administran. Este es el auténtico problema de la España regida por los Borbones. Los ciudadanos no entienden que Sánchez y Iglesias, tras decirse el nombre del cerdo, se abrazaran como viejos amantes. No se trata de cinismo. La realidad es otra. Ambos líderes, al fin, aprendieron la lección. Sabían que si no pactaban, se producirían, inexorablemente, unas terceras elecciones y que esta vez las ganaría la ultraderecha.

Si los cambios de criterio son posibles en política, hoy ha llegado la hora de aplicar el sentido común, la primera y principal constitución de los países democráticos basada en el tino, la sensatez y el raciocinio. ERC tiene que hacer lo que muchos independentistas no queremos. Pactar con Sánchez para que pueda ser investido como presidente de un gobierno de izquierdas haciendo frente al rechazo de sus correligionarios más neofobos de la derecha reaccionaria del PP, VOX y Ciudadanos. Pero es la única solución. Si no fuera así, Cataluña dejaría de tener un Gobierno propio para convertirse una colonia, como lo fueron Cuba, Puerto Rico o Filipinas, marcada por la severidad de la ley, ocupada por el ejército español, sujeto a una represión virulenta y arbitraria, juzgada gratuitamente por sedición, privada de un parlamento propio y con una dependencia tiránica y absoluta del opresor.

EL COMPLOT DE LOS TRES PODERES

De las miles de sandeces que se han dicho por parte de políticos, fueran del color que fueran, sobre los tres poderes, la más estúpida ha sido la frase de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegurando que «se están dando los pasos adecuados para que Bélgica acepte entregar a Carles Puigdemont «. Una disimulada declaración de guerra fruto de la insensatez y la incultura. Como justificación, Delgado destacó que la cooperación jurídica en Europa «funciona bien porque cuenta con la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), un sistema muy ágil para practicar extradiciones. Fernando Grande-Marlaska revalidó su afirmación. «Confío absolutamente en que la Justicia de Bélgica responderá positivamente. Si somos parte de la Unión Europea, si tenemos el espacio de justicia y libertad, si tenemos la orden europea de detención y entrega es porque existen ordenamientos jurídicos absolutamente homologados los unos con los otros «, recalcó.

Resulta inexplicable que Dolores Delgado, jurista de prestigio, que cuando era fiscal de la Audiencia Nacional se opuso a la entrega en Suiza del informático Hervé Falciani, haya dicho esta atrocidad. Pero lo que no parece que sepa la Ministra es que el gobierno no se puede interponer ante las tareas de la justicia. Respecto a Grande-Marlaska no es de extrañar que haya revalidado aquella insensatez. Acababa de difundir mediante ‘La Razón’ que «la violencia en Cataluña ha sido de mayor impacto que la del país Vasco». Rajoy dio sepultura a la política al  sustituirla por la justicia. El costo fue muy alto: tuvo que rendirse como presidente de España. Desde entonces la política la dirigió el TS. La incapacidad y apatía de Rajoy para resolver problemas políticos como el proceso independentista de Cataluña, le impulsó a dejar en manos de la justicia el blindaje de la monarquía borbónica y la defensa de la unidad de España. Una prueba irrefutable de la falta de separación de los tres poderes y un hecho execrable que invalidó la democracia al confundir el ejecutivo con el judicial. En consecuencia, una decisión que podría convertir al juez Llarena y al resto de magistrados de la Sala Segunda del TS en presuntos prevaricadores.

La España borbónica nunca fue un estado de derecho. Y esto es así porque, según Montesquieu, la democracia moderna se fundamenta en la autonomía de los que hacen las leyes, de los que gobiernan y los que juzgan. En un estado de derecho, estos tres poderes deben ser soberanos. Se deben coordinar de tal manera que cada uno de ellos pueda controlar y fiscalizar a los otros dos. Pero estas tres fuerzas nunca coexistieron con autonomía. Montesquieu lo razona así: «la experiencia nos ha enseñado todo hombre que tiene poder abusa de él.. Para evitarlo sólo hay una solución. Disponer las cosas con un talante, tan potente como vigoroso, que obligue al poder a controlarse a sí mismo «.

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo convergen en una misma institución no hay libertad posible porque, si eso ocurriera, el Gobierno promulgaría leyes absolutistas y las aplicaría a su gusto y en su propio interés. Tampoco hay libertad cuando el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Una perversión que en la España del Rey Felipe, heredada del dictador Francisco Franco y de su padre Juan Carlos, se viene arrastrando desde la transición hasta la actualidad. La actuación del juez Llarena relevante de facto a Mariano Rajoy, la declaración de guerra a Bélgica por parte de la ministra y la promesa de Pedro Sánchez de extraditar a Puigdemont, así lo indica. Sólo hay que señalar el control por parte del gobierno de los altos organismos que administran la justicia como el TC o el de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, que en teoría los fiscalizan, llamados todos ellos por los partidos políticos mayoritarios. Cuando se ejercita esta práctica funesta, el Tribunal de Garantías se transforma en un servidor del Gobierno dado que sus miembros pierden su independencia y libertad.

Ahora quien le ha puesto la guinda al pastel ha sido el mismo Pedro Sánchez. Por fin el Gobierno de España ha reconocido la inexistencia de separación de poderes. El candidato socialista se ha comprometido a llevar a Carles Puigdemont de regreso a España para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, para que la Fiscalía General del Estado -dijo- depende del Ejecutivo. Sánchez ha dado este argumento como garantía para poder cumplir la promesa hecha durante el debate electoral. Su proceder ha causado sorpresa y estupefacción a los fiscales del Supremo. A mí me ha producido una gran satisfacción. Por primera vez el propio Ejecutivo ha reconocido que en España no hay separación de poderes. La estulticia y dejadez de las declaraciones de Sánchez, han demostrado que los que gobiernan prefieren hacerlo con despotismo totalitario como obraba en Franco. Anteponen la dictadura y la tiranía a la libertad y la democracia.