Una resolución injusta para favorecer a Rajoy

El auto judicial que decretó hace un mes la libertad del President Puigdemont y los cuatro consellers en Bruselas ha salido a la luz pública. El juez belga consideró en su acta que su ingreso en prisión preventiva supondría un daño irreparable por los cinco afectados’. Exactamente al revés de lo que estimó Carmen Lamela, La juez de la Audiencia nacional que decretó prisión sin fianza para el resto de los imputados. Continuar leyendo «Una resolución injusta para favorecer a Rajoy»

Una falsa vaga general convocada en secreto

Carlos Sastre, asesino confeso del empresario José María Bultó, en su calidad de secretario general de la CDC, sindicato amarillo de la antigua Convergencia de Pujol, es el autor-responsable de la convocatoria de huelga general prevista para hoy. Lo hizo por libre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, y sin el apoyo de los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT. Las organizaciones libertarias de clase, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, se opusieron al paro sin perjuicio de estar a pie de calle en las movilizaciones contra la represión, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los recortes de derechos y libertades, y la corrupción. La descabellada e irresponsable convocatoria de huelga sólo puede concluir con su propio descalabro. Su incidencia será mínima, lo que dará pie a los medios televisivos españoles a plasmar su fracaso en favor del gobierno rancio de Rajoy, muestra inequívoca de un modelo de Estado que agoniza.

Una juez al servicio del PP

Hablemos claro. La permanencia en prisión del Vicepresident de la Generalitat y de los otros siete Consellers del Govern, es un secuestro. Los autores de este presunto ilícito penal son Masa Martín, Fiscal General del Estado que solicitó prisión preventiva para ellos y Carmen Lamela, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, que la decretó. ‘Enviar a la cárcel a un Gobierno elegido democráticamente es un acto injusto e indecente’, afirmó Carmen Forcadell. Ahora, los medios europeos y algunos de sus líderes políticos censuran duramente la medida. Los tertulianos de las televisiones estatales van cambiando sus discursos. Afirman que el Gobierno Rajoy es ajeno a la decisión judicial y critican a la magistrada que la dictó. La verdad es que, siendo ilegal, la señora Lamela es autora, cuando menos presunta, del delito contemplado en los artículos 500 y 501 del Código penal que establecen que «la autoridad judicial que detenga, inculpe o procese a miembros de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma será castigado con la pena de inhabilitación especial para cargo público de diez a veinte años «.7