Visto para sentencia

Durante el franquismo, al igual que ahora en el Juicio del Procés, los consejos de guerra fueron el punto de mira de los gobiernos de la Europa democrática. Franco nombró militares para ejercer las funciones de juez y de verdugo. Se sirvió del ejército para juzgar y condenar a quienes no seguían a raja tabla sus ideas porque no se fiaba de los magistrados profesionales. Llevó al paredón a miles de condenados por delitos de opinión, propaganda o, simplemente, por militar en organizaciones proscritas por el Régimen. Era una época -no como la actual- en la que ‘sí había presos políticos’ y abogados contrarios al régimen. Aquellas farsas castrenses que se sucedían casi a diario eran la comidilla de las portadas internacionales. Para lavarles la cara, el tardo franquismo creó el TOP, un arma contundente de expiración y castigo de carácter civil. 

Franco quiso dar una apariencia de legalidad a la vida política y jurídica española. Reemplazó a los jueces militares que dictaban las sentencias por funcionarios de carrera ‘civiles’ aunque, eso sí, corruptos y próximos al fascismo. Para celebrar los juicios se sirvió de los estrados de las Salesas en lugar de las salas de banderas de los cuarteles. Puso fiscales donde estaban los militares de la plana mayor del ejército, legos en derecho, que hasta entonces llevaban a término las denuncias. El dictador quiso darle a este nuevo organismo una apariencia de legalidad y de justicia formal. Lo mismo que Manuel Marchena pretende hacer ahora en su Sala 2ª del TS de cara a las altas instancias europeas. 

En aquel entonces se formó un colectivo de abogados de diversas ideologías políticas, a veces encontradas, que crearon una nueva estructura para combatir la represión del TOP con actitudes y comportamientos beligerantes. Su actuación procesal tenía un talante muy distinto al que mantenían los picapleitos en los tribunales ordinarios. Pusieron en práctica los juicios llamados ‘de ruptura’ en sustitución de los considerados ‘de concordia o connivencia’. Se enfrentaban con valentía al tribunal jugándose su propia libertad porque sabían que la sentencia ya estaba escrita y porque les constaba que los magistrados del TOP no daban valor alguno a las pruebas practicadas en el acto de la vista. Se les imponía multas, expulsiones, procesamientos, sanciones administrativas y eran controlados escrupulosamente por la policía. Les citaré algunos de sus integrantes: Juan María Bandrés, Enrique Múgica, Josep Soler Barberà, Manuela Carmena, Agustín de Semir, Marc Palmés, August Gil Matamala, Cristina Almeida y un largo etcétera. Era el suyo, un trabajo duro, absolutamente vocacional y sin ningún tipo de compensación que iba en paralelo con el movimiento democrático anti-franquista cuyo fin último era recuperar la dignidad social, la libertad popular e imponer la democracia. 

La historia se repite. Un nuevo TOP ha aparecido en el marco de la justicia española. Vivimos, según palabras de Albert Om, en la era de la ‘juristocracia’ en la que un grupo privilegiado de juristas nombrados en su día por Mariano Rajoy desempeñan el poder del ejecutivo con delirio persecutorio, convencimiento y determinación. Los  Llarena, Marchena, Zaragoza, Lamela, Moreno, Cadena y Madrigal de turno forman el brazo armado del Gobierno de un Estado que se siente ofendido y clama venganza contra Cataluña. Pero parodiando el informe de conclusiones de uno de los fiscales, cómo ‘en España no existen presos, ni causas políticas,’ tampoco deben quedar abogados que practiquen ‘juicios de ruptura’. 

Togas de oro, expertos en impuestos, paladines de la Casa Real, abogados de políticos corruptos y algunos tinterillos cercanos a la derecha independentista y a la CUP formaron el variopinto equipo que defendió a los patriotas procesados. Su actuación procesal dentro de los parámetros de un ‘juicio de connivencia’ fue admirable y convincente. Se mostraron sumisos, obedientes, respetuosos y nada beligerantes con el tribunal. Sus tímidas y pusilánimes protestas ante las injustas decisiones de Marchena lo ponen de manifiesto. Un proceder a millones de años luz de los ‘juicios de ruptura’ de antaño que ha favorecido las peticiones de cárcel del Ministerio Fiscal y el interés del tribunal en decapitar la cúpula del independentismo. 

Esta manifiesta complicidad del colectivo de defensores con el tribunal –o cuanto menos su falta de beligerancia frente a Marchena- hizo creer al pueblo lo que no era, que se trataba de un juicio lícito e imparcial. Con la complicidad de Pilar Rahola, Joan Queralt, Xavier Graset, Helena Garcia Melero y otros corifeos de la comunicación confundieron a la audiencia. Les hicieron creer imprudentemente que, el Tribunal, tras la prueba practicada en el juicio podía decretar la absolución.

CRIMINALES DE OPERETA

No me imagino a Núria Llorach, Martí Patxot, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, directivos de TV3 y de Catalunya Ràdio, traficando con drogas, ejerciendo de proxenetas o practicando la extorsión, el chantaje o la violencia para blanquear dinero. Tampoco me los figuro cometiendo actos de terrorismo o perpetrando acciones despóticas contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas elementos constitutivos del delito de ’organización criminal. Siempre he creído que eran gente normal que practicaban, con mejor o peor fortuna, trabajos de dirección informativa en los medios oficiales.

Sin embargo la Fiscalía no opina lo mismo. ”La vulneración de los ahora procesados de las resoluciones del TC que ordenaron la suspensión del referéndum ilegal del 1-O –sostiene- constituye un delito de organización criminal. Comparar a estos funcionarios con Al Capone, Lucky Luciano o Frank Costello, los asesinos más crueles y despiadados de la historia moderna universal constituye un nuevo disparate procesal más propio de un esperpento de Valle Inclán o una opereta surrealista de Jean Cocteau, que de una actuación judicial trascendente y capaz. Pero, bromas aparte, la magnitud de este nuevo desaguisado de la Fiscalía produce alarma e inquietud.

En teoría el poder judicial es independiente de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, al contrario de la Fiscalía que por ley esta al servicio del Gobierno. Sin embargo en la práctica los jueces están en manos del régimen político que ostente el poder. Cuando Mariano Rajoy declinó su responsabilidad política delegando en los jueces el mantenimiento de la ofensiva abierta contra Cataluña perdió la presidencia de Gobierno. Ahora la Fiscalía de Barcelona subordinada al actual gabinete del PSOE, incomprensiblemente, acaba de ampliar la denuncia que tramita el Juzgado nº 13 acusando a los inculpados de ser miembros de una ‘organización criminal’.

El Ministerio público del PSOE afirma que los presuntos hechos, la organización de un referéndum ilegal, son constitutivos de este ilícito penal. Algo tan absurdo, falso e increíble que solo un perturbado podría concebir. Alejandra Gil, la actual titular del referido juzgado se sintió de igual a igual con Giovanni Falcone el juez de la ‘Cosa Nostra’ y decidió actuar con solidez y contundencia. Pero la omnipotente togada olvidó que el popular magistrado anti mafia fue asesinado en el aeropuerto de Palermo por orden de  ‘Totó Riina’, uno de los capos más sanguinarios de los ‘Corleonesi’.

Alejandra Gil perdió los estribos. Decretó el embargo sobre bienes de los presuntos ‘criminales’ que no habían pagado los 5,8 millones de euros que les había impuesto como fianza tiempo atrás. Molons, Clotet, Ginesta, Royo Sutrías y Vidal solo habían consignado 3,7 millones del total que la Caja de Solidaridad había logrado reunir. La eficiente inquisidora les advirtió que si no abonaban el resto decretaría contra ellos auto de prisión.  Pero el tiro le salió por la culata. Los, 2,1 millones que faltaban fueron ingresados por dicha organización solidaria el pasado día 23.  

Cuando Mariano Rajoy dejó en manos del TS la protección de la monarquía borbónica y la defensa de la unidad de España, dejó de dirigir el Estado español. Su constante incapacidad y apatía para resolver los problemas políticos de su competencia, en especial la ocupación dictatorial de Cataluña invalidó el estado de derecho, confundió el poder ejecutivo con el judicial y transformó al juez Pablo Llarena y a los magistrados del Supremo en mandamases del Ejecutivo. La aparición del delito de organización criminal sigue siendo una incógnita porque el Fiscal General ha cambiado de dueño y de color. Ahora lo es del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, en teoría más dialogante y conciliador. 

La aberración procesal de convertir a simples ciudadanos en criminales impulsada por el acusador público puede ser la consecuencia de un error motivado por la falta de comunicación entre el gabinete de transición y el departamento de fiscalía. Aun así muchos ciudadanos recelan del papel de la institución real en el conflicto. En su desafortunado panegírico del pasado 3-X-2017, Felipe de Borbón contraviniendo el papel de árbitro que le otorga la Carta Magna tomó partido ante el desafío independentista y requirió al Estado para que endureciera sus medidas represoras para asegurar la consolidación del orden constitucional en Cataluña. Si fuera así, esta nueva irracionalidad borbónica superaría en mucho la cantinflada del fiscal. Avivar la llama del odio y la discordia en contra de la paz, la distensión y la concordia es justamente lo que no debe hacer, en democracia, ningún Jefe del Estado.

MIQUEL ICETA: TRAIDOR, INCONFESO Y MÁRTIR

Los espías, los 007 de turno que aparecen en las películas de James Bond, son remunerados por sus jefes políticos con prebendas o dinero. Los topos, infiltrados o quintacolumnistas de cualquier país, cobran a tocateja de las cloacas del Estado. Pero no siempre fue así; el cónsul romano Quinto Servilio se negó a gratificar los sicarios que había contratado para matar Viriato. ‘Roma no paga a sus traidores’, les dijo. El PSOE, sí ‘, añado yo. Pedro Sánchez, jefe de Gobierno en funciones de la España borbónica de Felipe VI, ha premiado a Iceta por ser un abanderado del federalismo español (sic) nombrándole presidente del Senado, sin el consenso del Parlamento que es quien tiene la última palabra . Iceta siempre ha sido la cabeza de la quinta columna del PSOE. La regentaba ya con José Montilla entre otros conjurados contra Pasqual Maragall. El recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Gobernación de Felipe González, los captó, adiestrar y poner en marcha.
La Quinta columna está formada por un conjunto de políticos unionistas para obstaculizar la marcha de Cataluña hacia su independencia. Sus miembros actúan desde dentro del aparato de algunos partidos en maquiavélica convivencia con el PSOE o el propio PP para frustrar el proceso independentista iniciado por Maragall. Se infiltran en las filas del PSC, ERC o PDeCAT, como militantes para paralizar y reprimir desde el sebo lugar la independencia para conseguir la victoria del régimen absolutista. Colaborando así con el estadista de turno.
En la actualidad, Iceta, principal opositor del independentismo, no se esconde, actúa a la vista de todos. Apoya el PP, a VOX y Ciudadanos. Ha dejado de liderar un PSC libre, vagamente democrático y se ha convertido en servidor a ultranza de los socialdemócratas españoles, y en socio de Millo, Albiol, Arrimadas, Carrizosa, Sánchez y la exministra Montserrat con quien coreó ‘Y viva España ‘en una manifestación unionista. Pero Iceta no es un traidor a su patria, ni tampoco un botifler, porque no ha engañado a nadie. Nunca se ha sentido catalán. Tan sólo es un delator, anodino y renegado, y que como Montilla, se siente español hasta el tuétano. Ninguno de los dos guardan ya las apariencias.
El Proceso se inició con Maragall cuando era presidente de la Generalitat. Su principal proyecto de gobierno fue la reforma del Estatuto que cambió de arriba abajo. En septiembre de 2005 el Parlamento lo aprobó por mayoría. Sin embargo la línea dura de los populares, bajo la mirada crítica del Rey y la colaboración de algunos estadistas socialistas, inició una campaña de desprestigio, acoso y derribo de la nueva ley catalana porque ‘significaba un grave peligro para la unidad de España ‘. El mismo discurso unionista de siempre. El resto ya lo conocéis: Maragall fue defenestrado, víctima del complot de la quinta columna dirigida por Iceta. Pero el redactado definitivo del Estatuto se aprobó por dos cámaras aunque cuatro años después el TC, a demanda del PP, lo declaró inconstitucional.
Miquel Iceta fue siempre un enemigo a muerte de Pasqual Maragall. Ambos provenían de culturas opuestas. El primer representaba la lealtad familiar, el interés por solucionar los problemas de los ciudadanos, la apología del proceso soberanista ante la opresión estatal y la defensa de las minorías mientras que el otro, Iceta, simbolizaba el PSOE, la ortodoxia , el servicio de la causa unionista y la defensa a ultranza de la monarquía y la unidad de España a la contra del proceso catalán.
Según «El País», Sánchez nombró a Iceta para mantener el debate del Estado de las Autonomías y promover la reforma del Estatuto catalán y la Constitución. Anabel Díez, autora del artículo, engaña a sus lectores. Los pretende colar una mentira. Iceta ha sido premiado por su traición en Cataluña. Le han pagado por sus servicios en España con una propina vil y despreciable. Otro acto de terrorismo de Estado contra aquellos que, pacíficamente, aspiran a ser ciudadanos de una República catalana, popular, libre e independiente.