DIATRIBA CONTRA EL ENGAÑO

Las vulneraciones contra el sentido común que se han producido durante el proceso por parte de analistas políticos han sido dos: la declaración institucional de que la Constitución española es inalterable, y la discusión sobre los grados penitenciarios que se aplicarán a los presos políticos condenados. Carmen Calvo, Nadia Calviño o Dolores Delgado, licenciadas en derecho, o Margarita Robles y Fernando Sánchez Marlaska que son magistrados, lo han hecho a conciencia para engañar a la gente. Quieren que el pueblo crea que la carta magna es inviolable y que, por tanto, debe mantenerse tal cual. Otros, como Teresa Ribera, Carmen Montón o Pedro Duque, que no son juristas,lo han hecho por ignorancia, mala fe o simple parloteo.

Algunos analistas afirman que la reforma constitucional es una solución mágica para resolver el problema catalán, pero que requiere mayorías cualificadas en las dos cámaras, muy difíciles de conseguir. Otros, como Javier Pérez Royo, sostienen todo lo contrario: España es uno de los países de Europa en que se han producido menos enmiendas constitucionales; en treinta y nueve años, sólo ha habido dos. En cambio, en otros países revisan la carta magna periódicamente. Los Estados Unidos, por ejemplo, han llevado a cabo siete enmiendas sobre cuestiones de gran trascendencia, como los derechos civiles, los votos, la libertad de expresión o el límite de mandatos del presidente. En el Reino Unido ha habido cincuenta y un cambios desde la II Guerra Mundial. Por el contrario, en Francia, fundadora de la democracia moderna, sólo se han producido diecisiete, aunque, ahora, Emmanuel Macron, propone una enmienda para reducir el número de parlamentarios, y modificar los sistemas electo y legislativo.

En discrepancia con estos países democráticos, en España sólo se han producido dos, aunque, tal como dispone el texto preliminar del Código Civil, la Constitución requiere una transformación a fondo. De esta manera su contenido sería un referente de la realidad social, política y progresista del momento histórico en que vivimos. Es urgente e imprescindible una enmienda general para ponerla al día. El problema es que los diputados no gobiernan. Sus votos son todos idénticos ya que tan sólo se limitan a obedecer, como perros bien adiestrados, al jefe de su partido. Tal como funciona el congreso, en la actualidad, los diputados no se diferencian en nada de los procuradores de las cortes franquistas. Obedecen rigurosamente a sus líderes, ajustician el estado de derecho, desautorizan sus instituciones, pierden la confianza de sus representados y debilitan la democracia. Por ello, es evidente, que se ha de reformar a fondo el sistema si se aspira a conseguir una república democrática real para España y la independencia para nuestro país. Este es el punto de la negociación entre PSOE y ERC, más importante en cuanto al proceso y que ni siquiera se ha puesto sobre la mesa.

Respecto a la polémica existente sobre los grados penitenciarios que deberían aplicarse a los patriotas condenados, me indigna profundamente. Es una práctica indecorosa y vil, más propia de funcionarios de prisiones que de independentistas. Si los reclusos políticos no cometieron ningún delito, se debe exigir al gobierno del Estado que les aplique la amnistía para eximirlos de culpabilidad y que se les repare los daños causados. Discutir de indultos, permisos o pequeños períodos de libertad, implica el reconocimiento de su culpabilidad. Lo que hay que debatir, y con más razón después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es la causa por la que Oriol Junqueras aún está ilegalmente en prisión desde que fue nombrado miembro del Parlamento, el hecho de que no se haya anulado el proceso, la vulneración por parte del Supremo del derecho a la libertad personal y el de sufragio pasivo, y la razón por la que no se haya investigado la comisión de un delito de prevaricación perpetrado por el juez Marchena. Esta es la verdadera realidad. El resto son vacuidades que no puedo más que resistirme a analizar.